La jueza Alaya eleva al Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta

La jueza Mercedes Alaya ha emitido un auto por el que eleva el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía al Tribunal Supremo, un conflicto planteado hace ya tres meses. Y lo hace para que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción resuelva si son o no secretas y, y por tanto, si ella puede consultarlas para incorporar a su investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente fraudulentos lo que crea necesario. La Audiencia de Sevilla ya ha dicho que esos documentos no son secretos.

Por otro lado, la magistrada comunica a la Junta que ella no tiene que señalar fecha para que recojan las actas de los consejos de gobierno que se guardan en el Juzgado de Guardia. Alaya explica que están a disposición del Gobierno andaluz desde el momento en el que recibieron el auto de la Audiencia, que antesdeayer ordenó su devolución. La jueza aconseja a la Junta que se ponga en contacto con la jueza en funciones y con el secretario de este juzgado número 6 para que le faciliten la llave del armario acorazado donde están los documentos y para que al mismo tiempo se levante acta de esta entrega.

Esta mañana, por cierto, han acudido al juzgado los tres primeros supuestos beneficiarios de falsas prejubilaciones descubiertas en ERE de decenas de empresas andaluzas. Son los vecinos de Camas Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto. Este último dimitió de su responsabilidad como secretario de política municipal en la agrupación socialista de Camas tras conocerse que se prejubiló en una empresa en la que nunca había trabajado. Los tres se han acogido a su derecho a no declarar, ratificando su declaración policial.