La jueza Alaya eleva al Supremo el conflicto de jurisdicción pero insiste en que las actas no son secretas

La jueza, Mercedes Alaya, pone en manos del Supremo la decisión sobre si las actas de los consejos de gobierno de Andalucía son secretas, en un auto en el que señala al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como conocedor de que se pagaban los ERE con una fórmula al margen del procedimiento administrativo. La jueza también informa al gobierno andaluz que puede retirar las actas que se custodian en el juzgado de guardia cuando quiera.

Alaya manifiesta que a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta se usó desde mediados de dos mil uno la figura de la transferencia de financiación en lugar de emplear la subvención excepcional, como obligaba el procedimiento administrativo. Y Griñán como consejero de economía lo supo, según la magistrada. Lo mismo que el consejero de innovación porque se lo informó reiterada y explicitamente la intervención general en los informes anuales y de cumplimiento. Y como consecuencia de todo esto, afirma la magistrada, se ha generado un déficit presupuestario en las arcas públicas.

En este auto, otra vez, la jueza insinua que la JUnta, como custodio de las actas podría ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostenten o hayan ostentado cargos . Y manifiesta también que la Junta debería reaccionar ante esta presunta actuación delictiva grave , por acción u omisión, con transparencia y total colaboración.

Hoy también Alaya ha emitido una providencia donde manifiesta que la Junta se puede llevar las actas que se custodian en el juzgado de guardia, cuando quiera. Sólo tiene que pedir la llave en el Decanato y llamar al secretario correspondiente para que levante acta de la entrega.