La Junta retira del juzgado de guardia las actas de los consejos de gobierno de la última década

El servicio jurídico de la Junta de Andalucía ha acudido a las 12 del mediodía al juzgado de guardia de detenidos donde estaban los documentos. Allí, en presencia de la secretaria judicial, se ha abierto el armario acorazado donde estaban depositadas las 480 actas y se le han entregado al gobierno andaluz.

Esta entrega se produce tres días después de que la jueza Mercedes Alaya haya elevado al Supremo el conflicto de jurisdicción para que resuelva si son o no secretas. La magistrada, en su último auto, explica que necesita consultarlas para conocer si el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, prescindió del procedimiento administrativo adecuado para pagar los ERE cuando era consejero de economía.

Alaya manifiesta, en ese auto, que a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta se usó desde mediados de dos mil uno la figura de la transferencia de financiación en lugar de emplear la subvención excepcional, como obligaba el procedimiento administrativo. Y Griñán como consejero de economía lo supo, según la magistrada. Lo mismo que el consejero de innovación porque se lo informó reiterada y explicitamente la intervención general en los informes anuales y de cumplimiento.

La jueza insiste en que las actas no son secretas porque deben recoger los acuerdos y resoluciones de los consejos de gobierno que son, afirma, públicos.