Polémica en torno al Defensor del Menor
Una Plataforma de vecinos de la Sierra Norte acude al Defensor del Menor por la "paulatina privatización" de las escuelas públicas de la zona. Mientras Antonio Canalda asegura que el escrito aún no ha pasado por sus manos, una portavoz de la plataforma asegura que sí que lo recibió porque además, tienen su respuesta
La plataforma de vecinos de los municipios de Lozoyuela, Navas de Buitrago y Sieteiglesias, acuden al Defensor del Menor para denunciar la continua privatización de escuelas públicas porque entienden que podrá suponer una vulneración de derechos
El Ayuntamiento de Lozoyuela pidió a la Comunidad de Madrid ayuda económica para reformar su Casa de Niños. El gobierno de Aguirre se negó y anunció a su vez que se construiría un centro de educación infantil de gestión privada.
La plataforma de vecinos señala que se cerrarán todas las casas de niños de la Sierra Norte y que esta privatización de un servicio público de calidad supone una vulneración de derechos. De esta forma, los pequeños estarían obligados a un innecesario desplazamiento por carretera -con el peligro que suponen las nevadas de invierno- y a una situación de precariedad educativa con profesores con menor cualificación y una reducción del presupuesto en materiales educativos. Por ello, acuden al Defensor del Menor de la Comunidad.
La respuesta del Defensor del Menor
Este lunes, Arturo Canalda ha señalado que la documentación de las familias no ha llegado a sus manos pero que, por lo que ha visto en la prensa, podría haber motivos para iniciar una investigación. En este sentido, el Defensor del menor ha asegurado que dado el caso, se pondrán en contacto con estos vecinos e incluso, se reunirán con ellos si es necesario.
El Gabinete Técnico del Defensor sí tenía la información
La Cadena SER ha tenido acceso a los documentos que presentaron las familias y a la respuesta que desde el Gabinete Técnico de Arturo Canalda se dio a los afectados por el cierre de la Casa de Niños.
La Plataforma Contra la Privatización Casita de Niños de Lozoyuela, Navas de Buitrago y Sotoiglesias presentaron un escrito al Defensor del Menor acompañado con más de 3.000 firmas el 14 de julio. En él mostraban su "profunda preocupación y profundo rechazo ante la paulatina privatización de las Escuelas Infantiles" y en el que piden que "las nuevas instalaciones que se están construyendo en Lozoyuela sean para un centro educativo de gestión pública manteniendo el mismo programa educativo en el que han sido matriculados los niños".
A fecha de 22 de julio, el Gabinete Técnico de la institución que dirige Antonio Canalda daba respuesta a las familias. En ella decían que, analizada toda la documentación, "no es posible concluir que, una situación legalmente amparada -la gestión privada de un centro construido con dinero público-, incluso en el marco europeo, producirá vulneración en los derechos de los menores usuarios del servicio educativo".
A pesar de todo, desde el Defensor del Menor se dice que a las familias que si observaran una "inadecuada prestación del servicio educativo", este Comisionado parlamentario podría entrar a investigar el asunto para garantizar "que los niños reciban este servicio con los debidos estándares de calidad".
