El presidente andaluz reclamará en el Congreso la gestión del Guadalquivir

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha cifrado en unos 500 millones de euros la cantidad que la Junta reclamará al Estado, en el marco de la Comisión Bilateral Junta-Estado, en relación a la cifra que el Gobierno de la Nación no ha ejecutado en Andalucía del Presupuesto de 2008, correspondientes al porcentaje del 17,8 por ciento que el Estado tiene que invertir en Andalucía conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía.

A la legislatura le quedan seis meses escasos, pero serán intensos y de gran actividad legislativa. Así lo prevé el presidente de la Junta de Andalucía, quien asegura que la creación de empleo será la prioridad absoluta de su gobierno en los próximos meses. Un tiempo que Griñán cree suficiente para culminar los compromisos de la legislatura con la tramitación ya en curso de las leyes del trabajo autónomo, del olivar o de transparencia democrática.

El gobierno andaluz también trabaja en una solución definitiva para la gestión del Guadalquivir que les dé más competencias. Griñán no se conforma con el traspaso de las labores de vigilancia acordado el viernes por el consejo de ministros, y pedirá al gobierno central una delegación de competencias.

Una iniciativa que el PSOE llevará mañana al Parlamento para su envío posterior al Congreso. Y con esta hoja de ruta fijada, la intención del presidente andaluz es agotar la legislatura, y la fecha más probable -dice Griñán- el mes de marzo.

En cuanto a los asuntos a tratar con el Gobierno central, Griñán ha recordado que la Comisión Bilateral Junta-Estado, que se celebrará en la segunda semana de septiembre, tendrá que analizar la evolución y ejecución de las inversiones consignadas en los Presupuestos. "Hay que comprobar si Andalucía ha recibido el 17,8% -porcentaje que le corresponde por peso poblacional- en la ejecución de los Presupuestos ya liquidados, de forma que nos permita corregir déficits", ha defendido.

Sobre esa mesa de trabajo estará también el traspaso de edificios sanitarios andaluces que son de forma originaria propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, como el Virgen del Rocío de Sevilla o el Reina Sofía de Córdoba.