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El Ayuntamiento quiere una ampliación de la Línea ICO

Consciente de que no va a solucionar su deuda, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, quiere que la línea se amplíe. La operación va a suponer al Ayuntamiento 30 millones de euros en intereses en tres años

La línea ICO habilitada por el Gobierno Central para facilitar a los Ayuntamientos el pago a proveedores para las facturas emitidas antes del 30 de abril de este año ha supuesto para el gobierno de Gallardón un balón de oxígeno, que, sin embargo, no va a solucionar todos sus problemas económicos.

948 millones de euros debe el Ayuntamiento de Madrid a proveedores. La línea de Crédito Oficial pone a disposición del Ayuntamiento 286 millones de euros, con lo cual le quedan por pagar, todavía, 661 millones. Siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto del Gobierno la delegación de Hacienda empezará por pagar a autónomos y pymes, que después de meses de retraso verán satisfecha su deuda, hasta esa fecha, el 30 de abril. Las grandes empresas, los grandes proveedores del Ayuntamiento, seguirán con un retraso en sus pagos de 8 meses.

Consciente de que esta línea no va a ser la solución de todos sus males, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, ha pedido una ampliación de la misma, puesto que esta operación va a suponer que el Ayuntamiento tenga que pagar en los próximos tres años un pago de interes de 30 millones de euros. "No critico la Línea ICO, critico la insuficienciencia de la Línea ICO, y las condiciones financieras que se imponen a los ayuntamientos. Por eso, lo que demando es la ampliación de la línea, como lleva haciendo el Partido Popular desde hace más de año y medio".

El PSOE ha reprochado a Juan Bravo que ponga pegas a esa línea de crédito que ha facilitado el Gobierno Central. El problema no es el Real Decreto del Gobierno, decía Noelia Martínez, del PSOE. Para IU, ese dinero da para poco y van a ser muchos los llamados y pocos los elegidos.

Quedan excluídos del pago, con esta línea de crédito, instituciones sociales y asociaiones religiosas que trabajan con el Ayuntamiento, especialmente en el Área de Asuntos Sociales. Bravo ha dicho que intentará negociar con el Ministerio de Hacienda su inclusión y, si no es posible, el Ayuntamiento pagará, con su remanente de tesorería, los 4 millones de euros que se debe a estas organizaciones.

 

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