La exalcaldesa de Serranillos del Valle realizó pagos a su familia antes de dejar el cargo

Lo hizo menos de 12 horas después de conocer que iba a perder la alcaldía de la localidad madrileña tras un pacto alcanzado la noche anterior entre los independentistas del UDMA y los socialistas

Los pagos, que dejaron las cuentas municipales con unos fondos de mil euros, no respetaron ni la antigüedad ni la prioridad del servicio realizado y algunos fueron ordenados incluso si decreto municipal ni reserva de presupuesto.

El dinero pagado en dos días de junio del pasado año (9 y 10) supuso que las arcas municipales no tuviera serios problemas para pagar a los empleados del ayuntamiento, 74 trabajadores y 12 miembros del talles de empleo. La cifra final, incluida la Seguridad Social, alcanza los 200.000 euros.

La entonces alcaldesa en funciones ordenó también el pago de los finiquitos de algunas concejales e incluso su propia nómina y finiquito, que asciende a los 6.483'13 euros.

A su padre, que fue alcalde de Serranillos antes que ella, le abonó 16.828'45 euros que corresponden a 7 meses de alquiler de una nave que se ha utilizado como almacén municipal.

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También ordenó el pago de 8 meses de alquiler de un local propiedad de la prima de su padre que utilizaba la policía municipal. El contrato de alquiler fue decidido por la propia alcaldesa.

Por último, la popular Olga Fernández abonó las facturas de un taller de coches de Griñón, donde se repararon vehículos municipales y que es propiedad del padre de su hija. El total pagado ascendió a los 2.840'38 euros. Una parte de esa cantidad, 2.027 euros, fue pagada mediante un talón al portadoralgo expresamente prohibido.

Olga Fernández, ha asegurado a la Cadena SER que no hubo problemas con la nómina de julio se pagó a los trabajadores fde manera puntual y que el resto de las facturas que ordenó abonar corresponden a contratos en vigor en ese momento. Afirma que todos los pagos han sido intervendido por el Ayuntamiento y que por lo tanto son legales al no existir habido informe en contra de la Intervención.

Además añade que son inciertos algunos extremos de esta información sobre los parentescos mencionados. Afirma desconocer quien es el propietario del taller donde fueron llevados los vehículos municipales a reparar y no sabe si la propietaria del local donde trabajaba la policía municipal (Isabel Fernández Fernández) es la prima de su padre o familiar suyo. Por último añade que ofrecerá datos concretos en una nota de prensa que publicará próximamente.