El Guadalquivir vuelve al Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto por el que se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a Andalucía por el Guadalquivir, después de que las dos administraciones no lograran encontrar un acuerdo satisfactorio y con una solución legal a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.

Los últimos seis y medio en busca de una fórmula legal que dejara en manos de Andalucía la gestión del Guadalquivir han sido infructuosos. Junta y Gobierno no han encontrado cómo traspasar estas competencias sin vulnerar la sentencia del Constitucional, y el principal escollo en esta búsqueda ha sido el traspaso de los medios materiales y humanos. Aun con estas dudas legales, el gobierno central le ofreció ayer a la Junta una nueva encomienda para los próximos cinco años. Pero el gobierno andaluz no quiere "más incertidumbre para los trabajadores", y ha decidido que todas las competencias sobre el río vuelvan al Estado, según ha informado la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

El único traspaso plenamente legal era de la policía de aguas, pero la Junta también lo va a devolver porque es insuficiente para sus aspiraciones. Ahora, su única opción es que salga adelante la delegación de competencias. De momento, a partir de mañana 850 trabajadores vuelven a depender del Estado.

El PP andaluz pedirá responsabilidades políticas a la Junta por el "batacazo histórico" con la gestión del Guadalquivir. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, cree que han sido "fracaso monumental" y que toda la negociación entre Junta y Estado ha sido "una farsa".