La jueza Alaya amplia la investigación sobre los ERE a otras Consejerías
La magistrada también indaga sobre los 13,7 millones de euros que recibieron las empresas del hijo del ex alcalde de El Pedroso
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Andalucía que informe si las ayudas mediante transferencia de financiación a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se concedieron en otras consejerías además de la de Empleo.
En un auto de 44 páginas, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, requiere además al Gobierno andaluz para que informe si hay alguna otra empresa o grupo de empresas que haya recibido ayudas o subvenciones "de manera significativa".
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Además, la juez señala en el auto que "procede librar oficio" a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que inicie una nueva línea de investigación sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo -que negó en septiembre que estuviera incluido en algún ERE-, y al que era entonces su persona de confianza, José María Sayago.
El importe total de las ayudas que recibió el hijo del exregidor desde 2003 asciende a 13.757.483 euros, percibidos a través de once sociedades, y con la "curiosa circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas", añade el auto.
La jueza considera que "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas" obliga a investigar estos extremos, para lo que será "indispensable" el auxilio jurisdiccional de la Agencia Tributaria.
En el auto la jueza requiere también a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo que aporte informes sobre una docena de empresas o grupos de empresas, entre las que destaca la empresa González Byass, donde se prejubiló el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a la que se le pide que se certifiquen multitud de documentos.
En los ERE fraudulentos, que la Junta de Andalucía circunscribe al ámbito del director general de Trabajo imputado, Francisco Javier Guerrero, el Gobierno andaluz ha detectado hasta ahora 72 "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas y otros 111 casos con irregularidades administrativas.
