Fiscalía y Junta piden fianzas de 3,6 millones de euros para los implicados en el cobro de ERE
Las 14 fianzas oscilan, como mínimo, entre los 80.000 y los 570.000¤
La Fiscalía ha solicitado la imposición de 14 fianzas a implicados en el cobro de ERE supuestamente irregulares por un valor total de 2,85 millones de euros. La Junta de Andalucía, presentada como acusación, ha pedido que esa cantidad se amplíe en el caso de tres imputados en un mínimo de 750.000¤ en total. Otra de las acusaciones, la del Partido Popular, solicita además que en los casos de cuatro personas que todavía tienen dinero por recibir de las aseguradoras, se retenga e ingrese en la cuenta de consignaciones del juzgado. Las defensas se han mostrado contrarias a estas peticiones por entender que todavía no hay indicios de culpabilidad.
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La fianza de mayor cuantía se ha fijado para Antonio Arquero, ex-taquillero de la piscina municipal de El Pedroso, al que se le requieren como mínimo 570.000¤. La menor es para Antonio Márquez por un valor de 80.000¤.
Trece de ellos son personas que supuestamente cobraron de forma irregular, y una es la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, que no cobró, pero donde apareció como prejubilada de forma supuestamente irregular María del Carmen Fontela.
La acusación particular del Partido Popular está conforme, pero pide además que en cuatro casos de personas que todavía tienen dinero por recibir de las aseguradoras, se retenga e ingrese en la cuenta de consignaciones del juzgado.
Las defensas, se han mostrado contrarias a estas peticiones por entender que todavía no hay indicios de culpabilidad.
El abogado del principal imputado, Francisco Javier Guerrero, ha estado presente, aunque su defendido todavía no ha prestado declaración y no se le ha fijado finanza. Fernando de Pablo, considera ajustadas las peticiones de la fiscalía.
Tras conocer estas peticiones y las posiciones de todas las partes respecto a ellas esta mañana en una vista que ha durado más de una hora, la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, tiene cinco días para pronunciarse y dictar un auto en el que diga si acepta estas propuestas o no, o si propone otras.
