Arranca el primer juicio por el ERE de Mercasevilla
El juzgado de Social número 8 atiende la demanda promovida por los prejubilados por el ERE de 2007, del que se desliga la Junta. Exigen que Empleo abone los más de 9 millones del coste
La demanda carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio -actualmente Generali- y la consultora ''Vitalia Vida''.
El Juzgado de lo Social número ocho tiene fijada para las 10,00 horas, la vista oral relativa a la demanda promovida por el grueso de extrabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) impulsado en 2007, de cuyas rentas se desliga la Consejería de Empleo. Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados reclama los "compromisos" de pago de dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que figura en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya a cuenta de la anterior gestión de la lonja y la prejubilación falsa descubierta en este ERE.
Esta demanda fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 y fue entregada el pasado 14 de febrero en el registro general de los juzgados del Prado de San Sebastián. La demanda carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio -actualmente Generali- y la consultora ''Vitalia Vida''.
En paralelo, otros juzgados de lo Social han fijado, entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, un total de seis vistas orales para resolver las demandas promovidas por seis de los prejubilados de este mismo expediente de regulación de empleo que han canalizado por su propia cuenta sus acciones judiciales.
LA PREJUBILACION DE GARRIDO SANTOYO
Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta y la citada trama de prejubilaciones fraudulentas.
EL ERE DE 2007
La investigación del ERE de 2007 comenzó con las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados por el Juzgado de Instrucción número seis tanto en estas actuaciones, como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por ambos y las posibles irregularidades detectadas en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos.
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
