Aguirre retrasa el informe sobre el estado de la justicia madrileña
Quiere añadir más medidas. La paradoja es que para reclamar más medios al Estado deberá llamar a la puerta de su "viejo amigo" Gallardón
El gobierno de Aguirre continúa elaborando el informe pendiente sobre el estado de la Justicia en la Comunidad de Madrid. El texto debería haberse presentado antes de fin de año, pero ha sido la propia Aguirre la que lo ha frenado para incluir otras propuestas.
Nuevas medidas, además de las 50 que ya se habían acordado con la comisión encargada. 10 años después de conseguir el traspaso de competencias, la Comunidad de Madrid ha llegado a la conclusión de que no puede afrontar el coste de los servicios de justicia porque, según explican, se han multiplicado por 200. La cuestión es que, a la hora de quejarse sobre la escasez de medios por parte del Estado, el gobierno de Aguirre tendrá que llamar a la puerta del ministro de Justicia.
La paradoja, pues, es que tendrá que ser, otra vez, Alberto Ruiz-Gallardón, en un ámbito distinto, el destinatario de las quejas de Aguirre. El vicepresidente regional, Ignacio González, da por hecho que tendrá que las posibles soluciones tendrán que venir desde el Ministerio.
Entre las medidas que propone el gobierno de Aguirre figura la modificación del decreto que regula el servicio de Justicia Gratuita. La idea que maneja la Comunidad de Madrid es exigir al solicitante un certificado negativo de rentas con el fin de evitar abusos por parte de quienes tienen la suficiente capacidad económica como para poder pagar los servicios de un abogado.
