La juez Alaya imputa al actual director general de trabajo de la Junta de Andalucía
La magistrada cita a declarar a Javier Guerrero para el 23 de febrero e imputa a abogados de Garrigues y Villasís
Javier Guerrero, el director general de trabajo de la Junta de Andalucía entre el dos mil uno y dos mil ocho, prestará declaración como imputado ante la jueza Alaya el 23 de febrero a las diez y media. Pero es que además, la magistrada imputa también al actual director general, Daniel Alberto Rivera y al anterior, a Juan Márquez.
Más información
- La Junta asegura al Ayuntamiento que estudiarán el ERE de 2007 en Mercasevilla
- Griñán reconoce el "alto" coste político de los ERE
- La Junta de Andalucía reconoce "el daño" provocado por el caso de los ERE fraudulentos
- El chófer del exdirector de Trabajo de Andalucía compró droga con el dinero de los ERE
- La Junta cesa al director general de Empleo imputado en los ERE
- Griñán firma el decreto de convocatoria de las elecciones andaluzas para el 25 de marzo
La jueza Mercedes Alaya imputa al actual director general de trabajo, Daniel Rivera, por su participación en el ERE de Surcolor donde hubo dos intrusos y se pagó una prima a quienes lo tramitaron de dos millones seiscientos mil euros, un millón más de lo que costaron los despidos. Dice la jueza Alaya que tanto él como el anterior director general también imputado, Juan Márquez, y el que le precedió, Javier Guerrero ordenaron pagos con total ausencia de procedimiento. Guerrero declarará como imputado el 23 de febrero.
La jueza ordena también que se investigue la participación de Daniel Rivera en el ERe de Acyco. A esta empresa le concedió más de cien mil euros para mantener sus puestos de trabajo y la magistrada piensa que era no para eso sino para abonar la minuta del despacho de abogados que participó en la tramitación, Garrigues. Dos de sus letrados también han resultado imputados. Lo mismo que otros dos abogados del bufete Villasís.
La magistrada imputa a dos responsables de la consultora Vitalia y al representante legal de Uniter, mediadora también en las pólizas de los ERE. ADemás de a dos dirigentes de Comisiones obreras del sector del metal y a los responsables de cinco empresas, ACyco, Río Grande, Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morello.