El Consejero de Empleo se muestra "sorprendido" por la imputación del Director General de Trabajo

Tras conocerse ayer el nuevo auto de la jueza Mercedes Alaya, en el que imputaba al director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, el consejero de Empleo, Manuel Recio ha comparecido ante los medios de comunicación para defender su labor, como principal responsable de la investigación de los ERE irregulares. Una imputación que Recio califica de "injusta" y que supone "un trato inmerecido" para su colaborador.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha mostrado su sorpresa ante la imputación del director general de Trabajo, Daniel Rivera, por parte de la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE. Recio ha insistido en que los hechos investigados, el ERE de Surcolor y el de Acyco, son anteriores a su nombramiento. Además, ha destacado que precisamente Rivera es la persona que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todas las irregularidades y tratar de recuperar el dinero por parte de la administración autonómica. El consejero ha mostrado su confianza en la justicia, ya que, insiste, la intención del gobierno andaluz es que se aclaren los hechos. Además, ha hecho un llamamiento al Partido Popular andaluz para que, si tiene conocimiento de alguna irregularidad, la ponga en conocimiento de la jueza, y no utilicen este caso buscando réditos electorales, en alusión a las últimas declaraciones de Antonio Sanz, asegurando que en el caso de los ERES sólo se conoce "el 20 por ciento". La jueza Alaya, que investiga los supuestos ERE irregulares, ha imputado al director general de empleo, Daniel Rivera y a su antecesor, Juan Márquez. Y ha citado a declarar, también como imputado, al también ex director general de trabajo, Javier Guerrero, para el 23 de febrero. En total cinco altos cargos ya de la JUnta imputados por el caso de las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Daniel Rivera, según la magistrada, permitió supuestamente la inclusión de dos intrusos en el ERE de Surcolor y, además, pagó una prima a quienes lo tramitaron de dos millones seiscientos mil euros, un millón más de lo que costaron los despidos.