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2.749 personas en Bizkaia se quedarán este año sin la Renta de Garantía de Ingresos por los nuevos límites en el padrón

Los datos se extraen del análisis realizado por Cáritas en sus centros de acogida y servirán de base para articular posibles medidas económicas que plantea el Ayuntamiento de Bilbao

La preocupación por el previsible desequilibrio entre los fondos disponibles y las inscripciones para solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES) ha obligado al Ayuntamiento de Bilbao a mover ficha. El concejal de Acción Social, Eduardo Maiz, advirtió el pasado viernes que el presupuesto de 3,9 millones de euros se volverá a quedar corto. Una de las razones es el endurecimiento en los requisitos para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que eleva de 1 a 3 años el tiempo de empadronamiento exigido, a menos que hayan cotizado cinco ejercicios a la Seguridad Social. Maiz pidió entonces "máxima colaboración entre instituciones" y anunció contactos con Cáritas y Diputación para desbrozar el camino a seguir.

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Ante esa llamada Cáritas ha presentado a técnicos municipales un estudio realizado en su red de acogidas durante el verano. En él ponen "nombre y apellido" a los perjudicados por la modificación en la RGI. Según su director, Mikel Ruiz, cifran en 2.749 las personas que en Bizkaia quedan fuera de esta protección, la referencia de las ayudas sociales. Entre ellos, hay 859 familias con hijos a su cargo y 1.746 que viven en régimen de subarriendo. El concejal Maiz ya advirtió el viernes un posible efecto dominó, un trasvase de la Renta de Garantía a las AES. Unas ayudas, estas segundas, que están sujetas a la disponibilidad de fondos. En el caso de Bilbao se agotarán cuando se hayan repartido esos 3,9 millones de euros. Se estima que llegarán a unas 4.000 personas. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Bilbao trabaja con la institución benéfica y la Diputación de Bizkaia. La idea es reforzar servicios en los comedores sociales o albergues, o incluso, tomar alguna de medida de índole económico.

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"Estamos estudiando los impactos negativos que pueden tener las restricciones en el acceso a la Renta de Garantía", anuncia el concejal Eduardo Maiz

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