Más de 3.000 mujeres son victimas en Madrid de las mafias de la prostitución

Según la ong Apramp, que se ha reunido hoy con la Delegada del Gobierno, este numero es únicamente una estimación

Una reunión en la que se han conocido cifras y situaciones de espanto ante la potente actividad mafiosa que desarrollan en la región los grupos de esclavitud sexual. Y ahora el estado se enfrenta a un nuevo desafío: hay demanda de menores para que hagan la calle.

Unas 3.000 mujeres de 24 nacionalidades, aunque en los últimos tiempos principalmente de Paraguay,Barsil y Rumania, están en la región bajo el control permanente de las mafias. Ya sea en el centro de la capital, en la colonia Marconi o en los polígonos industriales del corredor del Henares, la prostitución callejera es un hecho que no remite. Cristina Cifuentes lanzaba el aviso de que hay voluntad política de ir a por esas mafias.

Una voluntad política que deberá plasmarse en mayor presión sobre estas mafias, aunque hoy no se haya hablado específicamente de la capital.

La Delegación del Gobierno se propone "favorecer la atención y reinserción social de quienes se ven obligadas a ejercer la prostitución, poniendo a su disposición los necesarios recursos asistenciales y de forma integral con el resto de las administraciones".

No obstante, intensificará la vigilancia y el control policial en aquellas zonas de Madrid donde actualmente se ejerce la prostitución, toda vez que es una actividad que genera notable inquietud ciudadana y deterioro social, y seguirá trabajando en el desmantelamiento de la delincuencia organizada que habitualmente está detrás de este fenómeno.

Estos objetivos se fundamentan en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, suscrito por la Administración General del Estado, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, donde se prevé la coordinación de las instituciones implicadas en dichos procesos.

Estas organizaciones y entidades, entre las que se encuentra APRAMP, ponen a disposición de las víctimas de trata de seres humanos una red de servicios especializados que complementa la atención otorgada por los recursos públicos existentes, según reconoce el Protocolo. Por ello, se prevé su participación especialmente en lo relativo a la acogida, protección y asistencia a las víctimas.