La Comunidad quiere frenar los derribos en la Cañada

La Comunidad de Madrid solicitará a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid el fin de los derribos de viviendas en la Cañada Real Galiana, según ha declarado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, tras mantener un encuentro con representantes de varias asociaciones de la zona.

La Comunidad de Madrid va a pedir a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid que aprueben una moratoria en los derribos que tienen lugar en la Cañada Real. El objetivo de esta petición, anunciada por el consejero Salvador Victoria tras reunirse con los vecinos, es permitir que se puedan sentar las bases para acordar una solución al problema. Esta moratoria no afectará, en cambio, a las infraviviendas o a los casos que estén relacionados con actividades delictivas. La petición, según Victoria, se realiza como un "gesto de buena voluntad", tras el inicio de conversaciones con los representantes vecinales. Además de esta medida, Victoria también ha anunciado que pedirá de modo formal a estos ayuntamientos que trasladen a la Comunidad los censos de población y de vivienda, cuyos trabajos deberían haber concluido el pasado mes de septiembre, tal y como recoge la Ley sobre la Cañada aprobada por la Asamblea de Madrid hace casi un año.

Las chabolas no serán legalizadas

"Una chabola no se puede legalizar urbanísticamente", aclaraba el consejero Victoria, quien ha indicado que estos casos se tratarán "como cualquier otro asentamiento chabolista". "Recibirán el mismo tratamiento, ni mejor ni peor, que el resto de asentamientos chabolistas que hay en otras zonas de la Comunidad de Madrid", ha señalado. Victoria añadía que esta circunstancia se registra sobre todo en el llamado Sector 6 de la Cañada, en el término municipal de Madrid, dentro del ámbito de protección medioambiental del vertedero de Valdemingómez, o fuera de la propia Cañada, como es el caso del poblado del Gallinero.

Nuevas reuniones

Tras esta primera reunión con los vecinos, la Comunidad convocará sucesivos encuentros con las Administraciones implicadas. El plan prevé la constitución de dos mesas sectoriales: una vecinal y otra en el que estén presentes las administraciones públicas, así como una "mesa general" que reúna a todos. La Comunidad de Madrid se presenta como intermediaria entre los ayuntamientos y los vecinos afectados por la ley.

Los vecinos opinan

Al término del encuentro de hoy la portavoz de los vecinos, Vanesa Valenzuela, (Asociación de Vecinos I, II y III de la Cañada Real Merina; la Asociación de Vecinos de la Cañada Real Galiana de Madrid, y la Asociación de Vecinos de los Sectores V y VI) ha agradecido el "interés" del Gobierno regional en que se consiga una "normalización" para los habitantes de la zona, y ha pedido "que se cuente con los vecinos", además de desear que "la ley siga adelante". Los problemas que vienen dándose en la Cañada, reconociendo la existencia de "muchas realidades" en la zona, son principalmente, según apuntaba, la "precariedad" en el suministro de la luz, el agua, y en las infraestructuras de comunicación. Asimismo, ha anunciado que los habitantes de la Cañada están dispuestos a asumir el pago de las tasas e impuestos. "Siempre hemos estado dispuestos a pagar", ha dicho. Por su parte, Victoria ha aseverado que estas personas "quieren ser tratados como cualquier ciudadano y vecino de estos ayuntamientos", ha dicho.

El PSOE pide la comparecencia del consejero

La portavoz socialista de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha dicho que no le interesa la foto de hoy sino que de ahí salga un plan de trabajo con la mayor participación y consenso posibles. Asegura, además, que la reunión de hoy es fruto de la solicitud de las distintas organizaciones sociales que trabajan en la Cañada y de la insistencia de los grupos de la oposición. El PSOE también pide que no se deje de lado el problema de El Gallinero por el hecho de estar a 1 kilómetro de la Cañada.

10.000 personas viven en la Cañada Real

La realidad social de la Cañada Real es, con toda su complejidad, de una magnitud menor de lo que se pensaba. Esta es la impresión que tienen en la Comunidad de Madrid tras examinar un informe estimativo sobre la población de la zona. Los datos fueron obtenidos por los profesionales del IRIS (Instituto de Realojamiento de Integración Social) e incluyen aportaciones de las propias asociaciones vecinales en cada uno de los sectores. Los datos hablan de una población de entre 9.000 y 11.000 personas, frente a unas estimaciones iniciales que situaban esa cifra en unas 40.000. El informe también señala que hay 2.870 construcciones, de las cuales 229 son industrias, en algún caso con una gran actividad económica. La Cañada Real Galiana que, inicialmente era una vía pecuaria, ocupa actualmente una franja de viviendas de todo tipo de 14,4 kilómetros. Está dividida en 6 sectores y atraviesa, de norte a sur, los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid capital (distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro).

Dar cumplimiento a la Ley

Paralelamente, y en cumplimiento también de la Ley 2/2011, la Comunidad va a reclamar a los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid el censo de fincas y ocupantes, en los tramos comprendidos dentro de sus términos municipales, que deberían haber elaborado en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. El objetivo del gobierno de Aguirre, según explica el consejero Victoria, "es que el máximo de propietarios pueda acceder a la propiedad del suelo, siempre que sea compatible con las competencias que legítimamente tienen los Ayuntamientos de ordenar urbanísticamente las calles de sus ciudades". La Ley de la Cañada Real Galiana marca un plazo de dos años para llegar a un acuerdo social, plazo que vence el 30 de marzo de 2013, y que el consejero Victoria espera cumplir tras llegar a un acuerdo con las Administraciones y los representantes de los vecinos. El objetivo ahora, según Victoria, es sentar las bases para concluir el "acuerdo marco de contenido social y ordenación urbanística" para solucionar el problema de la Cañada tras más de 40 años de conflicto social, exclusión, marginalidad, inseguridad ciudadana e infracciones urbanísticas y ambientales.

La Ley 2/2011

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el 15 de marzo de 2011 la Ley de la Cañada Real Galiana, que entró en vigor el 30 de marzo de ese año. La Ley establece el régimen jurídico aplicable a la zona y desafecta los tramos de vía pecuaria en toda su extensión, perdiendo así su condición por no ser adecuada al tránsito ganadero. Los terrenos desafectados tienen la consideración de bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid que "podrá enajenar, ceder, permutar esos terrenos", preferentemente a los Ayuntamientos. En caso de no ejercer esa opción preferente por parte de los Ayuntamientos, la Comunidad de Madrid podrá enajenarlos a terceros (los propietarios de las viviendas).