El Ayuntamiento de Villaverde y un grupo de vecinos ocupan hoy 58 pisos abandonados

Pretenden forzar a la Junta a que intervenga en su expropiación y aporte financiación para que el propio ayuntamiento termine las viviendas contratando a trabajadores del pueblo para entregarlas después a familias a precio de costo.

El Ayuntamiento de Villaverde del Río y la Asamblea de Demandantes de Vivienda van a ocupar hoy un edificio de 58 viviendas. El proyecto está en fase de estructura y las obras están paradas desde hace cuatro años. Ahora, el ayuntamiento quiere "forzar" a la Junta a que intervenga en su expropiación para que sea el propio consistorio el que termine las obras contratando a vecinos del pueblo. Después, estas viviendas se entregarían a familias de la localidad a precio de costo.

La ocupación está prevista para esta misma mañana. La parcela en la que está el edificio era propiedad del ayuntamiento, fue sacada a concurso en 2006 por el equipo de gobierno de PP y PSOE y vendida a la promotora Guadasol Promociones Inmobiliarias, por 660.000 euros. Una operación ante la que "ya protestaron los concejales de IU".

"Consideramos que la garantía de un bien social, como es una vivienda, no puede ponerse en manos de empresas privadas, convirtiéndose en un lucrativo negocio, sino que el propio Ayuntamiento debía promoverlas", afirma la Asamblea de Demandantes, tras explicar que incluso se celebró un sorteo de estas 58 viviendas para los 260 solicitantes, pero "cuando estas personas conocieron realmente las condiciones de la promoción se dieron cuenta que en nada se diferenciaba de otras ofertas privadas, e incluso eran más caras".

Así, señala que la empresa, "de acuerdo" con el Ayuntamiento, optó por el tipo de VPO "más caro", con pisos de 70 metros cuadrados por más de 122.000 euros, tras lo que renunciaron los solicitantes, lo que llevó a la paralización de la obra, que fue embargada más tarde al entrar la empresa en suspensión de pagos.

Por ello, pide la "urgente" intervención de las administraciones públicas, la expropiación de los proyectos, inmuebles y suelos en manos de los bancos, cualquiera que sea la fase en que se encuentren y en colaboración con los Ayuntamientos y las asambleas de vecinos demandantes de vivienda y las asambleas o asociaciones de parados de los pueblos y ciudades. A continuación, aboga por continuar el proyecto, las obras, repartiendo el trabajo entre los desempleados del sector, contratando maquinaria, comprando materiales, es decir, "reactivando la economía local, y convirtiendo en un proyecto ilusionante lo que hoy es un desastre producto de la privatización del derecho a la vivienda".

Así, pide que la Junta ofrezca las garantías de financiación necesarias para su ejecución, mientras que el Ayuntamiento asumiría "su parte", ya que la empresa Guadasol adeuda a la corporación municipal una cantidad cercana al millón de euros en varios conceptos de impuestos, licencias y tasas que "no ha abonado".