El director andaluz de Trabajo se acoge a su derecho a no declarar por el caso de los ERE

El director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en funciones, Daniel Alberto Rivera, imputado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Administración autonómica, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo habían citado como imputado.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Daniel Alberto Rivera, que sustituyó en el cargo a Juan Márquez, también imputado en esta causa junto a su antecesor, Francisco Javier Guerrero, ha acudido este miércoles a declarar en Sevilla ante los agentes de la UCO, aunque finalmente se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y, por tanto, no contestar a las preguntas que le iban a ser formuladas.

En el auto en el que imputó a Rivera, la magistrada señaló que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General ''el expediente completo de tramitación de la ayuda''".

Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".

''Dispendio''

Tras aseverar que, "curiosamente, en dicha resolución, Rivera alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión", llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de Seguros "ha informado que mientras que el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162,03 euros, la prima de la póliza ascendió a 2.674.175,83 euros, conclusión de la que se extrae el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos cargos".

De otro lado, recientemente la Consejería de Empleo hizo público un comunicado en el que consideraba "absolutamente falso" que la Junta haya "ocultado" a la juez la concesión de una ayuda a la empresa Industrias Elizana, tras lo que la Junta defendió la gestión y el comportamiento del director general de Trabajo de la Junta. Empleo se pronunció así después de que varios periódicos andaluces publicaran la transcripción de una conversación grabada entre Daniel Rivera y la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa en la que reconocería una presunta irregularidad relacionada con la ayuda de 700.000 euros concedida a la empresa Industrias Elizana, dedicada a la fabricación de muebles y que está ubicada en Lucena (Córdoba).

Tras apuntar que "por lo que aparece en medios, la grabación se habría realizado el 15 de marzo de 2011", la Junta recordó que "cuatro meses antes, el 19 de noviembre de 2010, en un escrito enviado al juzgado por el propio director general, se pone a disposición de la juez para colaborar en la investigación de las presuntas irregularidades que empezaban a detectarse en las primeras revisiones de documentación".