La Junta deberá volver a un juzgado civil para reclamar a Boliden los 90 millones que gastó en limpiar el vertido minero

La causa abierta por la Junta para reclamar a Boliden 90 millones de euros, vuelve una década atrás. La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha resuelto que la Junta de Andalucía deberá dirigirse al juzgado civil para reclamar a la empresa multinacional Boliden Apirsa los casi 89,9 millones de euros por los gastos de limpiar el vertido de las Minas de Aznalcóllar producido en abril de 1998. El alto tribunal devuelve al juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla la demanda de la Administración regional al considerar que es competencia de éste órgano por tratarse de una reclamación que "se sitúa en la órbita del derecho privado" y no del público.

"No existe imputación de daño a alguna Administración Pública, la pretensión está dirigida contra sujetos privados, y por lo tanto la materia controvertida es del conocimiento del orden jurisdiccional civil, está claramente sometida a las normas de Derecho Civil", subraya el auto.

El Supremo insiste en que por su contenido, sus sujetos pasivos y por la normativa, la acción se encuadramiento dentro del orden del derecho civil.

La Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla dictaminó que la Junta debía acudir a la vía contencioso - administrativa alegando que "presupuesto necesario para que Boliden sea considerada deudora" de la Junta es que "sea responsable de los daños ambientales producidos por la rotura de la balsa minera", por lo que "no es la jurisdicción civil la competente para enjuiciar si se han producido esos daños ambientales", sino la contencioso-administrativa.

La limpieza del vertido de la mina de Aznalcóllar se dividió en tres tramos. El primero, entre la mina y el puente de Las Doblas, que le correspondió a la multinacional y que pagó con un seguro a terceros que tenía contratado. El segundo, entre el puente e Isla Mayor, le correspondió a la Junta y es el dinero que costó limpiar esta zona lo que la administración autonómica lleva una década intentando cobrar. El tercer tramo, entre Isla Mayor y Entremuros, en las puertas de Doñana, le correspondió al Gobierno central.

La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar ocurrió el 25 de abril de 1998. Boliden había recrecido el muro de la balsa que se usaba mientras se trabajaba en la corta de Aznalcóllar para verter allí también los residuos de la corta de Los Frailes. El vertido inundó todo el Guadiamar y su ribera y llegó hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana. Afectó a 4.600 hectáreas. Hoy la zona es un corredor verde.