La Asamblea de Madrid vulneró los derechos de la oposición
El Tribunal Constitucional anula un Acuerdo de la Mesa que en 2006 impidió la creación de una Comisión de investigación sobre las obras de ampliación de la línea 9 de Metro
El presidente del Constitucional, Pascual Sala, firmaba el pasado 9 de mayo la sentencia que anula un Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de hace 6 años. El PP vetó entonces la propuesta de la oposición de crear una Comisión de investigación sobre la ampliación de la línea 9 de Metro entre Arganda y Rivas. La oposición, entonces con Simancas como líder socialista, fundamentó su petición en un informe del ingeniero Manuel Melis donde alertaba de que esa línea se abrió al público con graves deficiencias técnicas, peligrosas para los usuarios, al primar los criterios de economía y no de seguridad.
El Tribunal sentencia ahora que la Mesa de la Asamblea "limitó indebidamente" las facultades de los diputados del PSOE y de Izquierda Unida y vulneró además el "derecho fundamental a ejercer su cargo público". El Constitucional admite que como el Acuerdo impugnado ocurrió en otra legislatura no cabe ya adoptar ninguna medida para restablecer ese derecho vulnerado por la Mesa. Ocurrió en marzo de 2006 cuando estos diputados, encabezados por el entonces portavoz socialista Rafael Simancas, recurrieron al Constitucional. Lo hicieron después de que Manuel Melis, responsable de la ampliación del Metro y luego de la M-30, dijera en un informe que la ampliación de la línea 9, a finales de los años 90, se hizo con "deficiencias técnicas" y con un material "extraordinariamente peligroso para la circulación de los trenes", y todo ello con el fin de ahorrar dinero.
Los hechos se remontan al año 2006 cuando el ingeniero Manuel Melis elaboró un informe para asesorar al Ayuntamiento de Málaga. El documento revelaba que la ampliación de línea 9 de Metro, entre Arganda y Rivas, inaugurada por Alberto Ruiz-Gallardón en 1999, suponía un riesgo grave para los pasajeros. Su puesta en marcha, explicaba Melis entonces, se hizo con deficiencias técnicas "extraordinariamente peligrosas para la circulación de los trenes" y pudo provocar una catástrofe al primar los criterios de ahorro sobre las medidas de seguridad. Afortunadamente no ocurrió nada, aunque el propio Melis admitía en la SER que los anclajes de los postes de catenaria eran tan endebles y baratos que a las tres semanas de la entrada en funcionamiento se produjo una avería, aunque en ese momento no pasaba ningún tren. No pasó nada, aunque fue la Comunidad de Madrid, y no la empresa concesionaria, la que corrió con los gastos de aquella costosa avería. La oposición, encabezada por el socialista Rafael Simancas, pidió una Comisión de investigación, pero el portavoz parlamentario del PP, Antonio Beteta, dijo que lo que buscaba el PSOE era "montar un show para torpedear la ampliación de Metro". Concepción Dancausa presidía en aquella época la Asamblea de Madrid.