La jueza Alaya imputa prevaricación, malversación y tráfico de influencias al exdelegado de Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés

Juan Rodríguez Cordobés, delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla entre 1998 y 2000, ha sido imputado de tres supuestos delitos antes de prestar declaración. Son los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por haber cobrado 36.000 euros de una póliza como extrabajador de Calderinox, donde nunca desempeñó ningún puesto. Rodríguez Cordobés ha insistido en que "lo consideraba parte de la indemnización" por su despido de la dirección de la Escuela de Artesanos de Gelves.

Cordobés ha asegurado que fue el ex delegado de Trabajo Antonio Rivas quien le ofreció los 36.000 euros por su cese como director de la Escuela de Artesanos de Gelves. También ha asegurado que no sabía que estaba incluido en el ERE de Calderinox y que no formalizó ninguna solicitud para obtener ese dinero "ni siquiera verbalmente". Eso sí, ha matizado que " no recuerda la cantidad exacta, ni tampoco como se iba a proceder a su abono". El imputado depositó hace unos meses esa cantidad en una cuenta de consignaciones judiciales.

El fiscal no ha pedido ninguna medida cautelar para Rodríguez. La Junta ha solicitado una fianza de 12.000 euros y el PP de 48.000 euros, a los que habría que restar los 36.000 euros que consignó.

La jueza Alaya cree que el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales "prevaliéndose de sus contactos de amistad y políticos con ciertos cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE Andaluz, consiguió que el Director General de Trabajo Don Juan Márquez, con la activa participación del Delegado Provincial de Empleo Don Antonio Rivas y del asesor del primero Don Ramón Díaz Alcaraz, lo incluyera como beneficiario en la póliza de prejubilación de los trabajadores de Calderinox". Así se lo ha dicho al leerle la imputación.

Por otro lado, la magistrada ha recibido esta mañana el expediente completo referido al ERE de Hijos de Andrés Molina que la jueza reclamó hace un año y la Junta había entregado incompleto. La documentación que faltaba, entre ella el informe de la Intervención, se encontraba en el Archivo General de la Consejería de Empleo, según explica el letrado que representa a la administración andaluza.