La jueza de los ERE aplaza las declaraciones de los imputados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos ha decidido suspender todas las declaraciones de imputados que tenía previsto tomar en los próximos meses, entre ellas las del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, tras recibir un atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y 50 anexos.

En un auto dictado este pasado jueves, la juez del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, señala que "para efectuar este estudio, dada la revelancia del atesetado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos".

En el atestado enviado a la jueza, La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla bajo el título ''Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010'', compuesto por el informe en sí acompañado por 50 anexos y que ha motivado que la magistrada suspenda todas las declaraciones previstas de imputados a fin de proceder al estudio del atestado.

En el atestado los agentes analizan el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Así, en el punto referido al mandato de Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1, consideran que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable".

No obstante, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, "no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde" la Consejería de Empleo, añadiendo que "el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través" del departamento de Rivera "a los responsables" de dicha Consejería.

Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración".

"Para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que venían señaladas, a fin de efectuar una remodelación del calendario de señalamientos", dice la instructora, quien en ese mismo auto libra oficio a la Agencia Tributaria para que suministre "la información que obra en sus bases de datos" referidas a las relaciones jurídico-económicas entre 2001 y 2011 de la Junta y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) con Garrigues y Estudio Jurídico Villasís.

Tras recibir "mediante entrega en mano" parte de la información solicitada respecto de las relaciones de la Junta e IDEA con Garrigues, la juez dictó un auto el mismo día 31 de mayo en el que señala que, "por lo que se refiere a la nueva línea de investigación que se está desarrollando tanto por la UCO como por el Juzgado respecto de los despachos profesionales y su relación con la Consejería de Empleo, procede requerir a Garrigues para que aporte un organigrama "detallado" de las personas que han integrado la oficina de Garrigues en Sevilla desde 1999 hasta la actualidad.

En este segundo auto que ha sido notificado este viernes a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena al despacho que "especifique las personas que de manera mediata o inmediata hayan intervenido en el asesoramiento a las diferentes empresas que han recibido ayudas directas o sociolaborales", así como "en el asesoramiento que por diferentes encargos, estudios o contratos de servicios hayan prestado a la Junta en relación a la instrumentalización de las ayudas sociolaborales o directas a empresas".