La Guardia Civil cree que el Gobierno de la Junta conocía la trama de los ERE

De tal peso es el atestado que la jueza Mercedes Alaya ha aplazado la toma de declaraciones que tenía previstas para algunos imputados.

La Guardia Civil concluye en su atestado que el Consejo de Gobierno conocía las ayudas irregulares y participó en los mecanismos que las harían viables. Los agentes consideran que en 2001, durante la etapa de Javier Gerrero como director general de Trabajo (encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1), se firmó un convenio por el que se regulaban las ayudas irregulares, y se constituyó "una nueva herramienta que de manera injustificada, sustituiría y desplazaría durante más de nueve años la normativa de rango superior que debió ser aplicada", impidiendo su fiscalización. Y añaden que la confección del convenio marco "sería conocida" tanto por los Consejillos como "posiblemente" por el Consejo de Gobierno.

La Guardia Civll sostiene que el descontrol absoluto comenzó con Guerrero y "no responde únicamente a la actuación aislada de éste, sino a la activa colaboración de algunos de sus subordinados que, además, se aprovecharon de las debilidades del sistema de adjudicación de ayudas y de la falta de control existente". Los agentes señalan que "han participado en mayor o menor medida en la adjudicación de las ayudas o se han aprovechado de la falta de control, entre otros", el que fuera parlamentario socialista Ramón Díaz o el exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.

Según el atestado, "se entregaron ayudas sin criterio objetivo alguno y basándose en decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales, lo que permitió favorecer a determinadas personas y territorios de una manera totalmente injustificada y desproporcionada".

EL CASO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA

Según la Guardia Civil, de 1999 a 2008 "se han otorgado subvenciones directas a empresas andaluzas por 70 millones de euros. La Sierra Norte de Sevilla, con una población de 30.000 habitantes recibió 50 millones en ayudas, "lo que supone más del 70% del total de las ayudas directas a empresas concedidas en la comunidad autónoma". En este punto, dice que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "jugó un papel esencial por ser el que promovió" las ayudas a la Sierra Norte.

Los agentes afirman que su sucesor, Antonio Fernández, ahora en prisión preventiva, "fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose", y además "no sólo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión, dando en ocasiones el visto bueno a las mismas".

La Guardia Civil señala que tanto él como su viceconsejero, Agustín Barberá, "eran conscientes de la tramitación irregular de los expedientes de ayuda en la etapa de Guerrero, pero no trasladan los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad".

EL PAPEL DE JUAN MARQUEZ

Los agentes de la UCO también concluyen que las ayudas individuales otorgadas "fueron concedidas a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la adjudicación y gestión de dichas ayudas".

En relación al mandato de Juan Márquez, los agentes aseveran que "los responsables de la Dirección General y de la Consejería conocían la existencia de intrusos y no hicieron nada por evitarlo", de manera que "se siguieron incluyendo intrusos en las pólizas de renta colectiva".

DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

No obstante lo cual, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, "no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde" la Consejería de Empleo, añadiendo que "el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través" del departamento de Rivera "a los responsables" de dicha Consejería.

De otro lado, los agentes de la UCO dicen que tanto Rivera como el entonces viceconsejero, Justo Mañas, "fueron informados a su llegada y de manera detallada de la situación existente en la Dirección General, no trasladando los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal", mientras que Rivera "no sólo da continuidad a los acuerdos alcanzados por Guerrero sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además da forma a los mismos mediante la emisión de una resolución por la que se ordena un pago, y en la que se da por hecho que obra en la Dirección General el expediente completo de la ayuda a Surcolor, todo ello en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero".

"De una simple revisión del ''expediente'' existente se deduce de forma clara y patente la falta de procedimiento en la adjudicación de esta ayuda por parte de Guerrero", subraya la Guardia Civil, que añade que, también durante el mandato de Rivera y en el marco de la investigación liderada por la juez instructora, "en distintos documentos analizados aparecen menciones al pago a sindicatos de distintas cantidades de dinero, de las que a día de hoy se desconoce su motivación", citando que esta cantidad asciende a 120.000 euros en el caso de Santana o la Faja Pirítica.