La jueza Alaya cita a declarar al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y a los exdirectores de Trabajo Márquez y Rivera

La magistrada que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar el mes que viene al exviceconsejero de Empleo en la época de Antonio Fernández, exconsejero encarcelado, Agustín Barberá. Será interrogado el 27 de julio a partir de las 10.30 de la mañana. El día 3, está citado el exdirector de trabajo, Juan Márquez; el día 11 el otro exdirector, Daniel Rivera y el día 6 la funcionaria, María José Rofa, que según la jueza tenía conocimiento de las supuestas ilegalidades que se investigan.

Alaya, en un auto, también menciona ya a otro exconsejero, Manuel Recio, consejero en el gobierno de José Antonio Griñán. Aunque dictó una orden, explica la jueza, para cambiar el procedimiento de pago de los ERE y las ayudas , esa nueva fórmula, la encomienda de gestión, suponía también ausencia de control en la concesión del dinero, en la fiscalización previa del gasto y en el control del destino de las ayudas.

La magistrada ha ampliado la imputación de los dos directores generales que sustituyeron a Javier Guerrero en el cargo. Juan Márquez y Daniel Rivera, dice un auto notificado a las partes, "dieron continuidad a las actuaciones supuestamente irregulares de Guerrero".

Juan Márquez admitió la continuación del Convenio Marco de 2001 cuando tenía importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento y con su actuación "dio continuidad al instrumento que permitía las adjudicaciones irregulares, pese a conocer también la existencia de intrusos".

Daniel Rivera, afirma Mercedes Alaya, también utilizó el procedimiento de Guerrero y Márquez aunque conocía las irregularidades. También acordó pagar la deuda de varias pólizas con Fortia, conociendo que había intrusos. "Y comprometió el uso de fondos públicos para ayudas ilegítimas".

La magistrada imputa al exparlamentario socialista, Ramón Díaz, mano derecha del diputado socialista José Antonio Viera, por su intervención en varios ERE donde han aparecido intrusos como el de Calderinox, Saldauto y A-Novo y en la ayuda socio laboral a la sociedad Virgen del Espino.

La magistrada ha imputado además a distintos funcionarios y personal de la consejería que trabajaron con los tres directores generales imputados, son Antonio Diz-Solís, María José Rofa y Rocío Sayago.