Vecinos de la Cañada, contentos con las promesas de la Comunidad
El Ejecutivo regional asegura que el plan urbanístico y social que presentará en septiembre apuesta porque la mayoría pueda comprar los terrenos en los que se encuentran sus viviendas

(CADENA SER)

El Consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, se ha reunido esta mañana con la mesa vecinal. Dice que se dejará "al margen a las viviendas que no se pueden legalizar al ser infraviviendas o que están asociadas a actividades delictivas".
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El desarrollo del plan urbanístico y social para la Cañada Real no se detiene por vacaciones. Los vecinos, con los que el Ejecutivo regional ha vuelto a reunirse hoy, están contentos por las buenas intenciones de la Comunidad, que se ha comprometido a tener listo el acuerdo marco en septiembre para solucionar el problema de esta vía pecuaria. Dice que quiere mantener allí a la mayoría. "Nuestro objetivo es que permanezca el mayor número posible de vecinos. De personas que allí han podido con grandes esfuerzos levantar sus casas y, por tanto, que tengan acceso a adquirir esa propiedad. Eso, por supuesto, dejando al margen viviendas que no se pueden legalizar al ser infraviviendas o que están asociadas a actividades delictivas", ha dicho el consejero de Asuntos Sociales de Madrid, Salvador Victoria.
Viviendas que varian mucho en función de cada sector. En total son seis y en cada una de ellos se dan problemas diferentes que se resolverán por separado. Vanessa Valenzuela, portavoz de los sectores I, II y III, dice que la mayoría de los más de 1.500 vecinos a los que representa sí podrán hacer frente a la compra de sus viviendas, aunque todavía se desconocen las cifras que fijará la Comunidad.
Pero lo cierto es que la cifra de infraviviendas es elevada. Muchos vecinos pueden quedarse fuera de un plan que quiere cambiar la fotografía de la zona. Casos que abundan sobre todo en el sector seis y que permanecen en silencio. Según el último estudio del Instituto de Realojamiento e Integración Social la practica mayoría son construcciones que por sus características pueden ser demolidas con una orden judicial.




