La Generalitat retira la pensión a una mujer que se recupera de un ictus

La Administración también le reclama 200 euros correspondientes a las mensualidades de junio y julio. No se trata de ninguna irregularidad: es lo que prevé la ley. Una ley que aprobó el tripartito en el año 2006. La pérdida de la prestación y el hecho de tener que devolverla pone en una situación muy difícil a esta familia.

Un nombre ficticio para una historia bien real. María tiene más de 70 años y cada mes cobraba una pensión no contributiva de 104 euros. Su marido, una pensión de 570. Con eso tenían que pagar un alquiler de 215 euros más el resto de gastos.

El día de Navidad, María sufrió un ictus y la tuvieron que ingresar en el Hospital del Mar. Hace unos dos meses que reside en un centro socio-sanitario donde, entre otras cosas, está haciendo rehabilitación. A finales de julio, la Generalitat le hizo saber por carta que ya no tenía derecho a percibir los 100 euros mensuales.

Pero aquí no termina el drama, ya que el gobierno también exige al matrimonio que devuelva los 208 euros correspondientes a las pagas de junio y julio. Lo que más daño hace al marido de María es que por culpa de esto deba privar a su mujer de pequeñas ilusiones.

Según explica su marido, María llora cada día desde que se enteró que le quitaban su pensión. Él no quiere que su mujer se dé cuenta de las penurias económicas que está pasando y, por ello, este hombre, operado dos veces de cáncer, sólo hace una comida al día. Tan ahogados están que el hombre asegura que pagar facturas de la luz, gas, teléfono o incluso, comprar champú para su mujer acaba resultando complicado.

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Desgraciadamente, el caso de María no es ni una excepción ni fruto de un error administrativo. El gobierno catalán se ampara en una ley de 2006 aprobada por el tripartito según la cual una persona que vive en un centro sanitario o una residencia, siempre que sean públicos, no tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva. Tampoco aquellos que viven en las cárceles. ¿El argumento? Que estos centros ya les dan de comer y cuidan de ellos.

Por ello, el consejero de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, dice que no pueden hacer nada más y que se limitan a hacer cumplir la ley. El consejero asegura que si no lo hicieran así, el Tribunal de Cuentas los investigaría por derrochar dinero público.

Ajenos a las leyes y los discursos de los políticos, Maria y su marido tendrán que hacer lo imposible, primero para conseguir vivir sin estos 100 euros mensuales y, en segundo término, para encontrar la forma de devolver los 208 euros que le reclama la Generalitat.