Antonio Rivas:"Soy totalmente inocente, como vengo manifestando desde el primer día"

Primer día del juicio por el caso Mercasevilla en el que los cuatro acusados han dicho que son inocentes, a preguntas del magistrado que preside el Tribunal, Ángel Márquez. Luego han escuchado cómo el fiscal ha explicado al Jurado que están allí porque solicitaron una "mordida" a los empresarios de la Raza y tuvieron una "conducta reprobable" como funcionarios. Ante el Jurado están el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas; los exresponsables de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce y la empleada Regla Pereira.

En sus alegaciones el abogado de Juan Ignacio Zoido, Luis García Navarro, ha manifestado que estamos ante "el germen del mayor caso de corrupción que se ha producido en los últimos años en Andalucía", el que ha dado lugar al procedimiento de los ERE supuestamente fraudulentos. Y de hecho ha recordado al jurado que acudirán a prestar declaración como tesgitos el exconsejero de empleo, Antonio Fernández, imputado en los ERE o el intermediario e intruso Juan Lanzas.

Tanto el fiscal como las acusaciones han defendido la legalidad de la conversación grabada donde supuestamente dos de los imputados, los exdirectivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, pedían 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza que iban a gestionar una escuela de hostelería en terrenos de Merca. Un negocio que contaba con una subvención de la Consejería de Empleo. Una conversación que se escuchará este martes en la sala.

En cambio, el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha insistido en que la grabación es ilegal y ha anunciado, además, que su cliente se acogerá a su derecho a no declarar.

Este martes oiremos las alegaciones de los letrados de Ponce, Pereira y Rivas y después se reproducirá esa grabación.

Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla; Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira están acusados por un supuesto intento de soborno. El fiscal solicita para ellos una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión para ocupar cargo público.