La Junta de Andalucía blindará el litoral andaluz frente a la presión urbanística
El Consejo de Gobierno paraliza cautelarmente la tramitación de suelos urbanizables no desarrollados de 52 ayuntamientos costeros que aún no se han adaptado al POTA
La tramitación del decreto que fijará los criterios de protección del litoral en los primeros 500 metros desde la costa durará dos años. Pero, de forma inmediata, se adopta como medida cautelar dicha suspensión entretanto se revisa caso a caso. El objetivo es que estos desarrollos no comiencen antes de que la Junta culmine su decreto.
Con este decreto ley, la Junta va a ampliar el nivel de protección de los espacios no urbanizados que se encuentren en el límite de 500 metros desde la costa. La Junta quiere proteger así el litoral de desmanes urbanísticos. Con él, el Gobierno andaluz podrá intervenir en suelos urbanizables para detectar y no permitir futuros desarrollos urbanísticos abusivos.
Tiene dos años de tramitación. Pero como medida cautelar, de forma inmediata, se suspende la tramitación de todos los suelos urbanos no desarrollados de los 52 municipios costeros que aún no han adaptado sus planeamientos urbanísticos a las limitaciones de crecimiento fijadas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Esos planes se van a revisar uno a uno.
El gobierno andaluz analizará precisamente las actuaciones proyectadas en los planes generales de estos municipios para neutralizar aquellas que sobrepasen los límites marcados por el POTA, que impide que se supere en un 40% el suelo urbano y en un 30% la población. Se ha detectado la existencia de proyectos que suponen el 200% del territorio y que serán ahora anulados por este decreto ley. Con esta medida pionera, que actúa en suelos urbanizables, se quiere frenar la presión urbanística en la costa andaluza que en las últimas cinco décadas ha pasado de un 7 a un 40 por ciento de ocupación. El decreto ley contempla más medidas. Pretende plantar cara a la ocupación ilegal en suelos no urbanizables, con la elaboración de criterios comunes para todos los municipios, y estudiarán además la creación de nuevas figuras jurídicas de protección del litoral. Todas estas medidas se incluirán en un plan de protección del corredor litoral que pretende elaborar la Junta en los próximos dos años.




