Griñán pide reformar en profundidad la Ley Hipotecaria para acabar con el drama de los desahucios
El presidente de la Junta inaugura las I Jornadas andaluzas sobre la Ley Hipotecaria, organizadas por la Cadena SER
Griñán dice que el decreto del Gobierno "excluye a mayoría de afectados fijando requisitos muy restrictivos". Sostiene que la sociedad está reclamando a las administraciones "soluciones y no parches o remiendos". Juristas, administraciones, políticos, y colectivos sociales debaten sobre el drama social del desahucio.
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El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha considerado este viernes que el real decreto ley del Gobierno central de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que ayer fue convalidado por el Congreso de los Diputados, "deja sin resolver el problema de fondo, al mantener deudas perpetuas con los bancos, fruto de cláusulas abusivas", al tiempo que "excluye a la mayoría de afectados fijando requisitos muy restrictivos". "La sociedad nos está reclamando soluciones, no parches o remiendos", ha apuntado.
Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas Andaluzas sobre la Ley Hipotecaria organizadas por la cadena Ser en Sevilla, José Antonio Griñán ha manifestado que esa norma del Gobierno no incluye tampoco la suspensión de los intereses de demora, de modo que la deuda puede seguir creciendo durante los dos años de suspensión del lanzamiento.
Tras recordar que el grupo socialista defendió en el Parlamento andaluz una iniciativa en la que se reclamaba al Gobierno central que la dación en pago fuera suficiente para saldar la deuda de la hipoteca, Griñán ha estimado que sería positivo que los jueces pudieran estar dotados de instrumentos para permitir que en determinadas circunstancias, una familia pueda seguir en su vivienda pagando un alquiler cuando ya no puede hacer frente a la hipoteca.
"Tan importante como amparar a las familias, es ir a la raíz del problema e insistir en el cambio de la normativa", según Griñán, quien ha abogado por establecer medidas inmediatas para frenar los desahucios y regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el derecho a la vivienda que recoge la Constitución.
Todos los juristas que han participado en estas jornadas han calificado de inútil e ineficaz para resolver el problema ese decreto del gobierno para evitar el maltrago del desahucio a poquísimas familias. Todos han coincidido en que lo que hace es aplazar el problema a dentro de dos años.
Uno de los letrados, Juan Carlos Alférez, le ha pedido a los magistrados que suspendan los procedimientos hipotecarios basándose en la incompatibilidad de este procedimiento con la directiva europea de consumidores y usuarios, una incompatibilidad que ha puesto de manifiesto la Abogacía General del Tribunal de Justicia Europeo. Alférez ha informado a los ciudadanos que el formulario para solicitar esa suspensión se puede encontrar en la página web de la Abogacía General del Estado.
Esa suspensión del procedimiento tendría que acordarla luego un magistrado. Uno de ellos, un juez de la Audiencia de Sevilla, Fernando Sanz, lo que realmente lamenta es el cambio en el procedimiento que se hizo con todos los partidos políticos. San, en cualquier caso, no es partidario de la dación en pago porque a la larga produciría un quebranto en el sistema financiero y perjuicios a la sociedad.
Sanz también ha explicado que las sociedades de tasación no deberían ser de los bancos. "El banco no debería saber quién es" el tasador. La sobrevaloración que han hecho estas sociedades durante el boom debe ser también responsabilidad del banco y eso debería llevar a que se haga una quita en la hipoteca.
Por su parte Juan Pedro Dueñas, secretario de primera Instancia número 11 de Sevilla, ha sido uno de los más críticos con el decreto del Gobierno, que ha calificado de "bodrio" e "ineficaz" y ha asegurado que ha levantado "falsas expectativas". Dueñas cree que si estamos ante un drama social hay que cambiar la ley para solucionarlo porque la ley debe ser un instrumento para conseguir justicia. A su juicio, se está creando una alarma social ante una norma a la que se pueden "agarrar muy pocos" y ha reclamado una reforma de la Ley Hipotecaria .
Los movimientos sociales coinciden en que vivimos una situación de emergencia habitacional contra la que de nada sirve el decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno.
El defensor adjunto, Luis Pizarro Fernández, coincide en este planteamiento de partida e insiste en pedir que se regule el derecho a la vivienda.
El Movimiento 15-M y la Plataforma Stop Desahucios llaman a la movilización ciudadana como única medida realmente viable para cambiar una política de vivienda injusta.
La Federación de Consumidores en Acción, por su parte, ha insistido en que también la Junta tiene competencias para imponer sanciones a los bancos que aplican clausulas abusivas.
El Sindicato Unificado de la Policía ha recordado a los agentes que el sindicato apoyará a aquellos que se nieguen a desahuciar por conciencia.
