Tomás Gómez: " Lo que quieren hacer en Madrid es un apartheid sanitario"

El plan de privatización de la sanidad madrileña es el segundo punto de la Ley de Medidas Fiscales que los socialistas recurren ante el Tribunal Constitucional. El presidente regional, Ignacio González, ha calificado el recurso de absurdo porque, según él, las medidas de su ejecutivo sólo persiguen mejorar el sistema de gestión sanitaria

Dice el recurso presentado por el PSM que ha habido una "intención perversa" en todo el procedimiento seguido por la Comunidad de Madrid porque en su texto legal oculta las verdaderas intenciones de su iniciativa.

Para los socialistas se han vulnerado varios principios constitucionales con la "externalización" sanitaria. El primero, el principio de legalidad, así como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, porque se está habilitando al SERMAS, sin concretar en qué condiciones, a que lleve a cabo contratos de gestión de servicios públicos, algo para lo que carece de competencias. El PSM entiende, además, que se ha infringido la Ley de Contratos y concesiones administrativas.

En su recurso los socialistas plantean también que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos porque de privatizarse la gestión de los seis hospitales y los veintisiete centros de salud un 20% de la población madrileña se encontrará con que su hospital está gestionado por empresas privadas comerciales. Por contrato se establecerá en éstos hospitales un aumento de los presupuestos, mientras que en los públicos el presupuesto anual dependerá siempre de lo que decida la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta que estamos en crisis y en pocos años, concluye el PSOE, "vamos a una auténtica descapitalización de los hospitales públicos y a una disminución de los recursos asignados a los mismos".

Para los socialistas se genera lo que ellos definen como "apartheid sanitario", donde se verán atrapados los madrileños que residan en los territorios con hospitales externalizados. Ponen un ejemplo claro: si un paciente de su zona es atendido en otro hospital deberá abonar a la Administración sanitaria el pago establecido, salvo que se derive al paciente a un hospital del mismo grupo empresarial. Y si el hospital concesionado atiende a un paciente ubicado fuera de su zona percibirá el correspondiente pago. Un sistema competitivo que "generará incentivos para tratar o no a los pacientes en función del coste de su tratamiento, y en función de que sean ajenos o propios". Una desigualdad injusta entre los ciudadanos de una misma Comunidad. Las restricciones de acceso en condiciones de igualdad a los servicios de salud vulneran el derecho a la protección de la salud.

El presidente regional, Ignacio González, ha calificado de "absurdo" el recurso porque las medidas de su ejecutivo sólo persiguen, ha señalado, mejorar el sistema de gestión sanitaria.