La jueza Alaya prorroga otro mes el secreto del sumario del caso de los ERE

La jueza, Mercedes Alaya, ha prorrogado este lunes un mes más el secreto del sumario, con la cual llegaremos a medio año de secreto de las actuaciones. Se lo ha pedido la Guardia Civil para seguir investigando los movimientos de dinero y las cuentas no sólo de los imputados sino también de nuevos actores que todavía no lo están.

Se trata supuestamente de seguir conociendo dónde está el dinero que se concedió a empresas en crisis y las sobrecomisiones que, según la magistrada, pagó la Junta a las consultoras para que ellas abonaran las pólizas de las personas prejubiladas.

La Guardia Civil trata de proseguir con esta nueva línea de investigación sobre blanqueo de capitales que entre los días 20 y 23 de febrero envió a la cárcel a siete acusados, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y tres directivos de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, María Vaqué y Eduardo Pascual.

La juez Mercedes Alaya tiene pendiente de tomar declaración a dos últimos imputados en esta fase: José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el abogado Carlos Leal, del Bufete Villasís.

En los próximos días, no sabemos aún cuándo, la jueza Alaya tiene previsto tomar declaración a los dos imputados que fueron ya citados hace más de una semana, el dueño de la consultora Uniter, José González Mata y el dueño del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal.

Uniter pagó las pólizas más caras que subvencionó la Junta, como la de Delphi, la Faja Pirítica o Santana. Todo su capital procede, según la investigación, de esas sobrecomisiones, un 15% por encima del precio del mercado, que pagaba la JUnta tanto a Vitalia como a Uniter. Dinero que luego, en parte, se desviaba supuestamente a terceras personas para su propio beneficio.

Carlos Leal, de estudios Jurídicos Villasís, recibía casi todo sus ingresos de Uniter y el bufete asumía compromisos económicos de la Junta de Andalucía, según ha explicado la magistrada en sus autos judiciales.

La incógnita será ver si Mercedes Alaya vuelve a tomar declaración al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que está en libertad después de haber pagado una fianza. Ella ha vuelto a decir que Fernández autorizó y consistió que se pagaran las sobrecomisiones con dinero público.