La Defensora del Pueblo no llevará al Tribunal Constitucional la privatización sanitaria

La portavoz de la asociación Fátima Brañas lamenta que la institución se comprometa a seguir de cerca el desarrollo del proceso para intervenir si detecta un deterioro en el servicio: "Intervendrá, pero ya será tarde".

Considera Soledad Becerril que faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo sanitario. Datos referentes al desarrollo del proceso que va a establecer la Comunidad, que no aparecen por ningún lado y que son precisamente uno de los motivos por los que AFEM defiende en su informe dirigido a esta institución la inconstitucionalidad de la privatización.

"Es una pena que la defensora del pueblo no haya defendido al pueblo. Si faltan elementos porque no se sabe cómo es el proceso de contratación y las normas de control y supervisión que va a llevar a cabo, ya genera una gran inseguridad", denuncia la portavoz de la asociación Fatima Brañas, para quien la promesa de que la institución va a seguir de cerca todo el proceso de privatización para intervenir en cuanto se detecte un empeoramiento del servicio, elimina toda posibilidad de prevención. "Intervendrá, pero ya será tarde", lamenta Brañas.

AFEM ha tenido que ponerse en contacto con la oficina de la Defensora del Pueblo para confirmar su negativa sobre el informe que presentaron. "Probablemente habrá habido un problema en el envío, pero la realidad es que no hemos recibido la resolución".

Además en la resolución de Becerril asegura que va a estudiar las fórmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la sanidad madrileña. Señala que ninguna empresa debe tener una posición dominante en las adjudicaciones (algo a lo que el consejero Lasquetty ya se ha comprometido, asegurando que cada concesionaria sólo podrá gestionar un centro sanitario), aboga porque el coste por paciente sea equivalente al de la sanidad pública y aconseja poner medios para que derechos como el de libre elección de centro sean efectivos. En este sentido, recomienda la creación de un sistema con el que los profesionales sanitarios puedan dejar constancia, caso por caso, de su criterio a la hora de derivar a un paciente.