El 24 de junio comienza el juicio del 'caso Arroyo'
Entre los imputados, el alcalde de la localidad, José Manuel Méndez y el diputado provincial del PP Jesús García Galván
Se trata de uno de los casos de presunta corrupción urbanística más importantes de la provincia de Valladolid. Además del alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, los principales artífices de la trama habrían sido dos representantes de la empresa Mahía, Ramón López y José Presas.
La Audiencia de Valladolid sentará desde el próximo día 24 de junio en el banquillo de los acusados al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, así como al portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, Jesús García Galván, y a otros cuatro imputados más por el denominado ''Caso Arroyo'' sobre supuesta corrupción urbanística.
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La Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle ha fijado para el 24 de junio el inicio de la vista oral, que, en principio, se prolongará durante los días 25, 26, 27 y 28 del mismo mes.
El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis imputados.
En concreto, la acusación pública imputa dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación al primer edil de Arroyo, para el que solicita en conjunto diez años y medio de prisión, así como la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 27 años y el pago de multas que superan los 535.000 euros.
En el caso de Jesús García Galván, el Ministerio Público interesa para él dos años de prisión y multa de 316.720 euros por un delito de cohecho y un año de cárcel por otro de prevaricación urbanística, además de nueve años de inhabilitación por cada uno de ellos.
Se da la circunstancia de que García Galván, en mayo de 2012, se dirigió por carta al presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, para comunicar su intención de dimitir si finalmente se celebraba juicio oral contra él por este caso y renunciaría a sus cargos de representación pública institucional.
Además, el fiscal pide para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de 14 y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, solicita cuatro años por de prisión, multa de 125.000 euros y 27 años de inhabilitación. Finalmente, para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, solicita tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multas, así como inhabilitación durante nueve años.
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.
En concreto, pide para Méndez un total de 16,5 años de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa (por tres delitos de cohecho, uno de malversación y otro urbanístico), mientras que para García Galván interesa un total de seis años, 20 de inhabilitación y 475.000 euros de multa (por un delito de cohecho y otro de prevaricación urbanística).
