Un juzgado avala la suspensión provisional de Guerrero como funcionario

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla desestima la reclamación del exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, y lo mantiene apartado de su puesto de trabajo como funcionario y sin sueldo. La Junta decidió poco antes de que ingresara en prisión la primera vez, el año pasado, dejarlo sin puesto y sin derechos económicos.

Algo que Guerrero ha reclamado. Quiere, dice que como cualquier funcionario suspendido, el 75% de su salario. En total serían 24.750 euros. Una cantidad, que el juzgado que investiga los ERE, ya ha dicho que sería embargada si se le abonara, para hacer frente a la fianza en concepto de responsabilidad civil que tiene impuesta.

La sentencia considera que la resolución dictada en su día por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública "motiva suficientemente la medida de suspensión provisional de funciones" y subraya que la administración autonómica "actuó conforme a derecho", por lo que desestima íntegramente la demanda de Guerrero y le condena al pago de las costas.

La Junta decidió en enero de 2012 suspender el reingreso como funcionario de Guerrero, que había solicitado su reincorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan" en la investigación judicial del caso ERE "y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

El exdirector general defendió entonces que no solicitaba su reincorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por una "chulería", sino por "una necesidad perentoria" ante las dificultades económicas de su familia.

Con posterioridad, en concreto el pasado mes de marzo, Guerrero elevó un escrito ante la Dirección General de Función Pública de la Junta de Andalucía para reclamar a la administración autonómica los 24.750 euros que considera que le "corresponden" como funcionario del SAE pese a estar suspendido cautelarmente en sus funciones desde el mes de enero de 2012 debido a su imputación judicial.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, argumentó entonces que la Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75 por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que alcanza los 24.750 euros, y advirtió a la Junta de que, de no atender su petición, emprenderá acciones legales contra la Administración al entender que podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.