Primer piso público en alquiler para un desahuciado
Ignacio González advierte de que el decreto andaluz pone en riesgo el Estado de derecho
Julián, un pensionista de 51 años con incapacidad permanente, recibe en Vallecas el primero de los 1.000 pisos que la Comunidad de Madrid cederá a familias afectadas por desalojos. El Ivima entregará otras 102 viviendas, procedentes de ocupaciones ilegales, durante esta semana y el resto en los próximos meses.
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha entregado este lunes la primera de las 1.000 viviendas públicas que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) cede en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad, que han sufrido un desahucio hipotecario y que en estos momentos no pueden afrontar el pago de una vivienda. Esta iniciativa, que se realiza a través de Cáritas, sitúa a Madrid como la primera autonomía que destina a familias desahuciadas viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, y que podrán utilizar por un periodo de cinco años, que se podrá prorrogar.
A lo largo de esta semana, la Comunidad de Madrid completará la entrega de otras 102 viviendas y, paulatinamente, teniendo siempre en cuenta el criterio de selección de Cáritas, se irán adjudicando más hasta completar las 1.000 comprometidas, ha indicado el Gobierno regional. Se trata de viviendas de titularidad pública del Ivima, ubicadas en 34 municipios -la mitad de ellas en Madrid- que han sido recuperadas de ocupaciones ilegales y que están siendo acondicionadas y preparadas por parte de Cáritas para poder entregarlas a las familias o personas que lo necesiten en virtud de este convenio.
El tamaño medio de estas viviendas está entre los 70 y 90 metros y la renta media de alquiler en unos 200 euros, pero se darán muchos casos en los que no se paguen más de 40 euros de alquiler. González, acompañado por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, visitó junto al adjudicatario la vivienda asignada, un piso de 59 metros cuadrados, con un dormitorio y plaza de garaje y situado en la zona del Ensanche de Vallecas.
Allí, el presidente regional recordó que esta acción es fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de diciembre entre la Comunidad de Madrid y Cáritas con el objetivo de ayudar a aquellas personas y familias que han perdido sus hogares por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Es el caso de Julián, un hombre de mediana edad que con dos hijos de 18 y 21 años y una trayectoria laboral de 20 años, que tuvo que dejar su fructífero empleo como quiosquero al detectarle una enfermedad renal. Como la pensión que se le asignó en concepto de Incapacidad Permanente Absoluta no era suficiente para poder hacer frente a los pagos de la hipoteca fue desahuciado en 2011.
Desde entonces ha vivido con un amigo en una vivienda baja de Villaverde. Tras acogerse a esta iniciativa del IVIMA, ahora podrá vivir en un piso prácticamente nuevo por 250 euros al mes durante cuatro años. Tendrá que seguir pagando los 150.000 euros que debe al banco, aunque contará con la ayuda de Cáritas para poder renegociar esa deuda. "Agradezco a la Comunidad y a Cáritas por haberme ayudado a conseguir una vivienda digna porque no podía vivir por mi cuenta. El banco me desahució y me quedé en la calle. Han estado ahí y les tengo que agradecer mucho", ha manifestado Julián.
Contra el decreto andaluz
Durante el acto, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha asegurado que el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para expropiar a los bancos viviendas si los desahuciados están en riesgo de exclusión social es una medida que "pone en riesgo el Estado de derecho" y ha recordado que esta comunidad tiene 5.000 viviendas públicas vacías. González ha criticado todas las medidas que pongan en cuestión la "propiedad vida" y ha afirmado que es "mucho más razonable poner a disposición de los desahuciados las viviendas públicas" en "condiciones muy ventajosas". "Lo otro es atentar contra la propiedad privada y no acometer el fondo del problema. No solo es cuestión de darles una sola vivienda sino también de programas sociales complementarios para que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad, obtengan sus propios recursos y tengan una vida normal", ha dicho.
