No habrá crisis de gobierno en la Casona del Parque

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se muestra convencido de que no habrá cambios en su equipo de gobierno por la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba con los delegados no electos en los ayuntamientos. El fallo especifica que no se verán afectadas las "situaciones consolidadas", por lo que la asesoría jurídica municipal interpreta que da margen para mantener los delegados nombrados en esta legislatura, como Diego Maldonado, Esther Molina o Miguel Briones. Lo que sería inconstitucional es efectuar nombramientos nuevos.

El equipo de gobierno de Francisco de la Torre se queda como está. Al menos así lo interpreta el regidor. La sentencia del Tribunal Constitucional que acaba con la figura de los "concejales no electos" especifica en su párrafo número 6 que "han de considerarse situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia las nacidas con anterioridad a la fecha de su publicación". A esto se acogen la asesoría jurídica municipal y, por ende, el alcalde para interpretar que lo prohibido es hacer nuevos nombramientos de concejales no electos a partir de ahora, pero se mantienen los que ya han sido nombrados antes del fallo dentro de las "situaciones consolidadas".

De la Torre dejaba claro esta mañana que ya no necesitaba un plan b, porque considera que va a mantener a sus concejales no electos lo que le queda de legislatura: Diego Maldonado en Urbanismo y Vivienda, Esther Molina en Empleo y Comercio y Miguel Briones en Educación y Teatinos. Y lo que le reportará mayor alivio aún al regidor: no tendrá que buscar un nuevo portavoz de su equipo de gobierno para sustituir a Maldonado, pieza clave para De la Torre en esta legislatura. De ser correcta la interpretación del regidor, le evitaría una auténtica crisis en su equipo y tener que recurrir a concejales electos a los que les había decidido dar menos atribuciones que a sus tres delegados.

De cualquier modo, el regidor estará pendiente a las aclaraciones que pueda solicitar la federación española de municipios y provincias o el Gobierno al Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la sentencia, que acaba con los denominados "delegados no electos" que establecía la Ley de Grandes Ciudades en 2003 a raíz de un recurso de la Generalitat.