Anticorrupción pide una fianza civil de 1.548 millones para seis imputados en el caso ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles fianzas de responsabilidad civil que suman en total 1.548 millones de euros para seis imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. Se trata de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué, Rosser Masa, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, así como para la esposa de Albarracín y para el presunto testaferro Eduardo Leal del Real.
Mañana están citados, para el mismo trámite, otra parte de los 22 imputados en la nueva fase sobre los ERE, entre ellos el exsindicalista y "conseguidor" Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra.
Se trata de una fianza para hacer frente a la futura responsabilidad civil y no guarda relación con la posible fianza para eludir la cárcel dictada contra siete de los 22 imputados, a quienes la juez decretó entre el 20 y 23 de marzo pasado prisión incondicional, solo eludible bajo fianza de 50.000 euros para Ismael Sierra y Eduardo Leal del Real.
La Fiscalía ha fijado la fianza en 258 millones porque es la cantidad a la que ascienden todas las primas pagadas por la Junta a las aseguradoras implicadas en esta parte del sumario, que considera ilícitas en su totalidad, y no los 2,6 millones a que ascendieron los expedientes con "intrusos".
A la comparecencia no han acudido los imputados, y los abogados de los directivos de Vitalia, únicos que han acudido, se han opuesto pues, en todo caso, se debería fijar la fianza en el porcentaje de sobrecoste de las comisiones, que la propia juez ha situado en un 15 por ciento superiores a las de mercado.
En marzo pasado, Alaya dictó prisión contra Eduardo Pascual, excoordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; sus directivos comerciales Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y contra Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa haber utilizado para introducir en el mercado financiero las comisiones ilegales.
Además fueron encarcelados el mediador Juan Lanzas y su cuñado que supuestamente ha cobrado más de 13 millones de euros por lo que la jueza Alaya llama "un verdadero negocio", es decir, por intermediar para hacer expedientes de regulación de empleo en empresas que se subvencionaban con dinero público.
