Zona Franca: la hora de la verdad

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge este viernes la primera sesión del juicio por el caso Rilco, la investigación judicial por uno de los escándalos que salpicaron la polémica gestión del PP al frente de la Zona Franca gaditana durante la etapa de José María Aznar. Se sientan en el banquillo dos ex delegados del Estado, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, acusados de varios delitos como malversación, fraude o encubrimiento. Los hechos denunciados comenzaron en 1999. La hora de la verdad llega 14 años después.

En las jornadas previas a este juicio, la SER ha tenido acceso a los escritos de acusación que ejercen la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación de la Zona Franca, y el PSOE. Sus relatos son similares, aunque las penas más duras las pide el fiscal, que solicita hasta 13 años de cárcel para Miguel Osuna, y 10, para Manuel Rodríguez de Castro. La Abogacía del Estado y el PSOE reclaman nueve para Rodríguez de Castro, y seis para Miguel Osuna.

El principio de todo fue el contrato que Manuel Rodríguez de Castro adjudicó a la empresa Saínco para desarrollar una red de comercio exterior con América. Era lo que se conoció entonces el proyecto FAN (Free Area Network). Como lo aprobó sin dar cuenta a los órganos de control de la Zona Franca, trámite necesario, decidió crear la sociedad anónima RILCO (Red Iberoamericana de Logística y Comercio), con lo que podía eludir la supervisión del Consorcio. ?

A finales de 2000, y ya envuelto en numerosos escándalos por su opulencia y gastos excesivos, Rodríguez de Castro sacó a concurso el proyecto de desarrollo informático del portal informático. Lo adjudicó a Miami Free Zone, marca dirigida por Germán y Camila Leyva, supuestos representantes de la Zona Franca de Miami. El matrimonio, también acusado de participar en la malversación, ganó ese concurso a pesar de que en aquel momento carecía de denominación social para personarse en un procedimiento de licitación. "Carecían de empresa y de medios para ejecutar el proyecto", dice el abogado del Estado en su escrito. "Hay notables indicios de que detrás del matrimonio Leyva estaba el propio Rodríguez de Castro", añade. De hecho, en los escritos de acusación se detalla que una empresa posterior de Rodríguez de Castro, Iberian Reits, recibió más de 236.000 euros de Duater Corp, una sociedad subcontratada por Miami Freee Zone, a pesar de que no conste que ejecutara ningún trabajo. La excusa dada fue que el huracán Katrina destruyó sus archivos, un hecho que la acusación tratará de desmontar en el juicio.

Rodríguez de Castro fue el ideólogo pero, según la triple acusación personada en este juicio, necesitó la colaboración de Miguel Osuna, su sucesor en el cargo, para consolidar los pagos. Osuna fue quien aprobó las cantidades más altas hacia Rilco, a pesar que fue elegido con el propósito de limpiar la imagen de escándalos de su antecesor. "Su conocimiento del trasfondo delictivo era evidente", sostiene el abogado del estado. De hecho, una de las cuestiones fundamentales que abordará el juicio será una reunión posterior a su nombramiento que Osuna mantuvo con Rodríguez de Castro y uno de los directores de Rilco, Rafael Ortiz, también acusado, para abordar el futuro del portal informático.

La Abogacía del Estado defiende en su escrito su papel de asesoramiento y garantía legal de la Zona Franca y revela que nunca fue advertida de las intenciones de los contratos de Rilco. Osuna y Rodríguez de Castro tratarán de defenderse acusando a estos abogados de no haber cumplido con su papel preceptivo.

Si todo sale como está previsto, el juicio se prolongará hasta el 13 de junio. Como testigos están llamados, entre otros, el ex delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, o el actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani. Los dos ex delegados del PP se sientan en el banquillo con una reciente condena, la del Tribunal de Cuentas, que les obliga a devolver 4'3 millones de euros por gastos injustificados en RILCO.