Domingo, 25 de Julio de 2021

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INFORME JURÍDICO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

"Quieren privatizar la Seguridad Social. Eso invade competencias y vamos a tumbar los pliegos"

El despacho de abogados contratado por los médicos ha presentado su segundo informe jurídico. Aseguran que la Comunidad de Madrid no pretende privatizar la gestión sanitaria, sino sellar un contrato de seguros con empresas privadas

Miles de personas, en su mayoría profesionales de la sanidad pública madrileña, participan esta mañana, convocadas por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud), en una nueva 'Marea Blanca' en la capital.

Miles de personas, en su mayoría profesionales de la sanidad pública madrileña, participan esta mañana, convocadas por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud), en una nueva 'Marea Blanca' en la capital. / EFE

Este informe jurídico será la base que van a utilizar para impugnar en los próximos días los pliegos de condiciones de la privatización, lo harán presentando un recurso contencioso-administrativo. También van a instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que plantee un conflicto de competencias con la Comunidad de Madrid.

Con el primer informe jurídico, que redactó el despacho de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, los médicos madrileños, representados por AFEM han conseguido que el Tribunal Constitucional estudie la legalidad de la inminente privatización sanitaria de los seis nuevos hospitales y 27 centros de salud.

Ahora con el segundo, directamente buscan que la justicia 'tumbe' ese plan de adjudicar la gestión sanitaria a varias empresas privadas. Para ello han elaborado este informe jurídico y económico en el que han analizado en profundidad las condiciones técnicas que la Comunidad de Madrid ofrece a las empresas.

El gran titular de este informe jurídico es que la Comunidad de Madrid no ha diseñado un cambio de modelo para ahorrar, no ha previsto un contrato para privatizar los servicios sanitarios. El objetivo real, dicen los abogados es otro.

"El principal objetivo de la Consejería de Sanidad es asegurarse que la asistencia de un millón dos cientos mil pacientes no supere unos costes. Eso algo es muy distinto. En realidad lo que están haciendo es un contrato de seguro social. Están creando un nuevo régimen especial de la seguridad social mediante un contrato", cuenta a la Cadena SER el abogado Juan de la Cruz, autor del informe encargado por los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Según se detalla en el informe titulado 'Inconstitucionalidad e ilegalidad de los pliegos para la contratación de la concesión del Servicio Público de Atención Especializada', la Comunidad de Madrid está "privatizando la seguridad social, es decir, privatizar el seguro social de la asistencia sanitaria y eso está invadiendo competencias que son exclusivas del estado".

A los tribunales

Esa es la esencia que utilizarán los abogados para impugnar el pliego de condiciones a través de un recurso por la vía contencioso-administrativa. "Es absolutamente nulo de pleno derecho. La Comunidad de Madrid o tiene competencias para crear un régimen especial de la seguridad social. Habría que reformar la Ley de la Seguridad Social, que es una ley importantísima", apunta el letrado.

Por eso desde el despacho López Rodó & Cruz Ferrer está preparando un escrito para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que plantee un conflicto de competencias.

Facturación intercentros

Según han destacado la AFEM, "la Comunidad adelantará mensualmente a las concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos unos 280 millones de euros anuales por los servicios que seguirán prestando los hospitales del SERMAS: o sea que la Comunidad le paga a las concesionarias por el coste de un servicio que no van a prestar sino que seguirán prestando los hospitales públicos de la Comunidad."

En el pliego de condiciones se recoge la obligación de las concesionarias de pagar el precio de los servicios que cada hospital haya prestado a su "población protegida" (facturación intercentros). "La cuestión clave es que los grandes hospitales públicos no disponen de unos servicios informáticos que les permitan identificar a cada paciente que ingresa procedente de un hospital de gestión privada y por tanto facturarles todos y cada uno de los servicios que le presten.", apuntan desde AFEM.

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