Se inician en Málaga los primeros trámites de expropiación forzosa de viviendas a bancos.

Se trata de dos inmuebles situados en la capital. Las entidades iban a expropiar los pisos por impago de la hipoteca. Ana tiene dos hijos, en trámites de separación y apenas cobra 200 euros al mes. El decreto social de la Junta permitirá que los inquilinos puedan quedarse en ellas durante los próximos tres años.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica est lunes el anuncio de los dos primeros trámites de expropiación forzosa a un dos bancos del uso de sendas vivienda ubicada en Málaga capital tras la aprobación, el pasado mes abril por la Junta de Andalucía del decreto-ley sobre la función social de la vivienda.

Una vecina de capital ha iniciado ante la Delegación de Fomento y Vivienda el procedimiento de expropiación forzosa del uso de su vivienda al banco (concretamento a Banesto), que ahora mismo se la reclama por impago de su hipoteca. La vivienda se localiza en el Camino de Suárez.

El segundo caso es el de un cuidadano marroquí con una vivienda en la calle Ebro de la barriada de la Palma. Igualmente ha iniciado el procedimiento de expropiación ante el Banco Santander, en este caso, que le reclama por impago de las letras del piso.

El BOJA publica el anuncio de dicha Delegación, por el que se somete a información pública el expediente antes de declarar de interés social la cobertura de necesidad de vivienda y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.

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La expropiación tendrá vigencia durante tres años. Se trata de la primera vez que un vecino de Málaga inicia este procedimiento tras la aprobación el 9 de abril por parte de la Junta de Andalucía del decreto-ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Dicho decreto, en su disposición adicional segunda, declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social inmersas en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

En este caso, se podrá llevar a cabo la expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto de estos procedimientos por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente, recibiendo las entidades afectadas por la expropiación a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.

Requisitos y plazos

Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente, que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa, que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido.

De conformidad con lo recogido en la norma, esta vecina de Málaga tras haber solicitado la entidad adjudicataria del pleno dominio de la vivienda al órgano jurisdiccional el lanzamiento, ha presentado ante la Delegación Territorial la solicitud de inicio del procedimiento de expropiación forzosa aportando la documentación exigida.

El anuncio publicado recoge todos los datos de la vivienda para general conocimiento y abre un plazo de 15 días hábiles para que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre la misma u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.

Una vez resuelto el expediente se procede a expropiar el uso de la vivienda por un plazo de tres años y la familia beneficiaria deber destinar el 25% de la renta familiar para pagar el 2% del justiprecio (indemnización por los derechos expropiados) del inmueble.

Según la Junta de Andalucía en la primera fase de la aplicación del decreto-ley se verán beneficiadas por la medida unas 200 personas.