Europa no sabe leer

Más allá de la versión corregida y aumentada del Gobierno, Europa ha dicho no al decreto de la función social de la vivienda en Andalucía. Y lo ha hecho con claridad y contundencia, alertando de los riesgos que supondrá para la estabilidad y confianza del sistema financiero.

Bruselas no puede frenar el decreto. Europa es hoy una comunidad de derecho, con normas jurídicas que deben ser respetadas por todos. Sin embargo, esos correos electrónicos y cartas de preocupación -sin un remitente claro- enseñan a Rajoy el camino hacia un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza.

La Junta está convencida del anclaje constitucional de una medida que, paradójicamente, ha sido defendida con ardor por el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Es más, la propia CE, al tiempo que impone condiciones para estabilizar a los bancos, anima a los países miembros a poner en marcha políticas contra los desahucios: la cuadratura del círculo.

La pregunta es: ¿Se han leído los hombres de negro el decreto antidesahucios andaluz? ¿Saben que sólo beneficiará cada año a 200 familias en situación de extrema necesidad? ¿Conocen que la expropiación es temporal y que la Junta pagará un justiprecio durante ese tiempo? ¿Entienden, en definitiva, que se trata de una medida de limitado alcance que, lejos del afán recaudatorio, sólo busca proteger a andaluces que están al borde de la indigencia y la exclusión social?

Ante una Europa con Países que ya aplican desde hace años una legislación más dura que la andaluza, sólo caben dos conclusiones respecto a los hombres de negro: no se han leído el decreto. No saben o no quieren leerlo ni contextualizarlo. Y lo peor es que, imbuidos en su analfabetismo social, le están echando gasolina al fuego de la confrontación política, lo contrario de lo que demanda la gente en la calle. Ya sea por error u omisión, Bruselas le acaba de hacer al Gobierno un traje a medida. Le ha dado contra reembolso la excusa perfecta para un ataque unidireccional a Andalucía, olvidando por el camino a toda la judicatura española, que ha decidido paralizar desahucios y suspender cláusulas abusivas poniendo por delante la "seguridad jurídica" a la Justicia misma.

Si Bruselas quiere respuestas, que se dirija a las siete familias; que pregunte a Ana en Granada o Mari Carmen en Huelva. Son el rostro de un decreto que ha logrado hacerle una finta al abismo de sus vidas. Ellas y sus hijos se han salvado in extremis del desahucio. Y no han temblado los cimientos del templo de la vieja Europa. Ahí no está el problema.

El tiempo dirá si Rajoy recurrirá al TC el decreto andaluz de la vivienda. Su decisión, sin embargo, no podrá enmascarar la realidad: la norma salió adelante en el parlamento sin votos en contra. El Partido Popular de Andalucía no la rechazó.

A Europa en su austeridad, le aumentan vertiginosamente las dioptrías para enfocar problemas sociales. El ardor que pone en señalar los riesgos para el sistema financiero, bien podría dedicarlo a mitigar el desempleo masivo, origen y causa del empobrecimiento de miles de familias andaluzas. Más allá del electoralismo que el gobierno andaluz busca -y obtiene- con su aplicación, el decreto es la palmera que anticipa un pequeño oasis en el desierto de la crisis. Bruselas, en su espejismo, sólo ha visto un árbol; el mismo que le impide ver el bosque.