Málaga no aplicará la subvención del IBI aprobada por la Diputación

El alcalde, Francisco de la Torre, ha rechazado la propuesta de la oposición, que proponía que el consistorio aplicase la misma medida adoptada por el presidente Elías Bendodo, y dice que la ciudad goza de una "moderación fiscal ejemplar" y presume de que su política fiscal es referencia en España

El catastrazo se quedará tal como esta, es decir, no se aplicarán nuevas rebajas en el recibido del IBI para los contribuyentes de la capital malagueña. Los socialistas insisten en solicitar esta bonificación en el impuesto en la misma línea que la anunciada por el presidente de la diputación y presidente provincial del PP, Elías Bendodo, para el resto de la provincia.

Izquierda Unida además abre un nuevo melón: el de los "superpropietarios"; la coalición dice que en Málaga sólo mil personas físicas o jurídicas tienen 50.000 inmuebles, y pide recargos en este impuesto para aquellas viviendas vacías con carácter permanente.

El alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, ha explicado que la Málaga capital tiene un IBI menor que la mayoría de grandes municipios de la provincia y también menor que el de la mayoría de la capitales andaluzas. El primer edil ha recordado que durante los cuatro últimos años se ha aplicado una bonificación potestativa que ha permitido moderar la reforma castastral, y este 2013 se ha acordado una reducción del tipo impositivo del 35 por ciento. Por ello, el alcalde ha señalado que el PSOE no puede dar lecciones en esta materia.

El equipo de gobierno que ha sorprendio este jueves con una moción de urgencia en la que solicita a la Universidad de Málaga que amplie la partida destinada al plan de emergencia para los estudiantes que el próximo curso no podrán acceder a becas; todo esto en el marco de los recortes en estas ayudas públicas que esta realizando precisamente el gobierno central del Partido Popular

Por su parte, la coalición ha planteado en el pleno que no se acometa la reforma de las administraciones ya que supondrá, según la coalición, importantes recortes en servicios sobre todo sociales y la privatización de las empresas actualmente públicas.