Sociedad

Primera expropiación temporal de una vivienda en Sevilla para evitar un desahucio

10 familias andaluzas en riesgo de exclusión social se han beneficiado del decreto de vivienda de la Junta

Se trata de un piso ubicado en la avenida de las Ciencias, que iba a ser desahuciada por la entidad bancaria que les concedió la hipoteca.

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Es una vivienda ubicada en la Avenida de las Ciencias de la capital. El BOJA anuncia hoy el inicio del expediente. La Junta pretende expropiar el uso de la vivienda por tres años a la entidad que pretende desahuciar a esta familia y que ésta pueda permanecer en la casa, al menos, por tres años. En cualquier caso, el inicio del expediente llega cuando quedan tres días para que expire el plazo que tiene el Gobierno central para recurrir el decreto antidesahucios de la Junta ante el Constitucional. El ejecutivo de Rajoy mantiene la intención de seguir adelante con este recurso, alegando que podría ser negativo para la banca. Si ese recurso se plantea, el Constitucional suspendería cautelarmente el decreto. Ya son diez las familias en exclusión social que se han beneficiado de esta norma: cuatro en Málaga, dos en Granada, dos en Huelva, uno en Cádiz y uno en Sevilla. "Todas las familias que cumplan los requisitos y lo soliciten se beneficiarán de la expropiación temporal del uso, evitando así su desahucio", ha señalado Granada Santos, delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, que ha indicado que, desde su entrada en vigor el 12 de abril, la norma ha demostrado ser "una herramienta útil al servicio de las víctimas de la crisis". "La expropiación temporal del uso es una de las medidas del Decreto, pero contiene muchas otras de amplísimo alcance social", ha señalado Santos. La Consejería ha aprobado un plan extraordinario de inspección con el cual ya está detectando viviendas vacías a partir de los indicios establecidos en el Decreto Ley. Dichas viviendas, una vez certificada su deshabitación conforme a los requisitos fijados, y que exigen un mínimo de seis meses sin ocupación, pasarán a formar parte del primer registro de inmuebles deshabitados. Sus poseedores serán objeto de sanción o incentivo, en función de que sean personas jurídicas o físicas, respectivamente. Las entidades financieras, por otra parte, están comunicando las vivien-das protegidas que tienen en sus balances. "Estas viviendas deben desempe-ñar la función social para las que fueron construidas", ha advertido Santos. La Consejería trabaja además en la orden de medidas de fomento del alquiler y en el decreto de traspaso de funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.

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