La Junta considera que la jueza Alaya ha elegido un camino "harto peligroso para el sistema democrático"
Ha presentado recurso al auto en el que la magistrada imputaba a 20 altos cargos de la administración autonómica
La Junta de Andalucía ya ha presentado su recurso al auto de la jueza Alaya por el que imputaba a 20 cargos, ex altos caros o funcionarios del gobierno andaluz, entre ellos a la ex ministra Magdalena Álvarez. Ahora conocemos los argumentos que utilizan y son basntante duros: acusan a la jueza de poner en peligro la democracia
Un recurso de apelación de 20 páginas ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que la Junta de Andalucía considera que el auto de la jueza Alaya constituye una inadmisible injerencia en el poder legislativo que ostenta el parlamento andaluz.
Primero porque las imputaciones a 20 altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez, se justifica en la aprobación de la ley de presupuestos que creó la partida de 721 millones de euros con la que se financiaron los ERE, dice este recurso de la Junta que, por esa misma razón, habría que imputar a todos los parlamentarios que votaron a favor de esa misma ley, pero , además, cuestionarla no es competencia de la jueza de instrucción, en todo caso, del Tribunal Constitucional, lo contrario sería poner en peligro el sistema democrático, ya que los jueces de instrucción podrían decidir lo adecuado de una norma por encima de lo aprobado por el Poder Legislativo.
Igualmente duro es el recurso a la hora de calificar la imputación de los altos cargos... asegura el escrito que carece de motivación, las razones son escasas, no hay siquiera indicios sostenibles lo que provoca una indefensión absoluta en los imputados porque ni tan siquiera se puede adivinar cuales son los hechos concretos o el grado de participación que hubieren tenido en cada uno de ellos.
La Junta de Andalucía defiende la presentación de este recurso primero para garantizar que sea repuesta por el quebranto padecido por la Hacienda Autonómica, velar por el buen fin de la investigación penal , evitar la declaración de nulidad de las actuaciones y defender los valores constitucionales y del poder legislativo.
