Jueces para la Democracia cree constitucional el decreto antidesahucios
La asociación Jueces para la Democracia ha afirmado hoy que el decreto andaluz sobre la función social de la vivienda no tiene nada "objetable" desde el punto de vista constitucional ni invade competencias del Estado, como sostiene el Gobierno en su recurso. En un comunicado, esta asociación progresista de jueces estima que "no concurre causa de inconstitucionalidad ni en la inclusión del deber de uso habitacional de la propiedad de viviendas ni en el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada, ni en la previsión de expropiación" tal como contempla el decreto andaluz.
Asegura que, en cuanto a las competencias, "es claro que la Comunidad Andaluza, conforme al artículo 56 del Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo".
La imposición de cargas a los propietarios de inmuebles urbanos no va contra el "núcleo duro del derecho de propiedad", pues "estamos ante un derecho de contenido estatutario, cuyas facultades resultan de una función esencialmente pública a fin de satisfacer las necesidades generales de viviendas y otros usos económicos, como lo es el urbanismo".
Por tanto, de acuerdo con la "idea de justo equilibrio de beneficios y cargas", Jueces para la Democracia estima que el imponer la carga de usar las viviendas, eliminando cualquier aspecto especulativo, "no resulta una limitación ajena al contenido del derecho de propiedad urbana".
A juicio de la asociación profesional, el no destinar las viviendas a su uso "supone frustrar la finalidad misma de la norma por parte de quien se beneficia de una actividad esencialmente pública como es el urbanismo".
