Manuel Gómez:"Al Sr. Griñán los informes de la Auditoría no le importaban nada"

"Al señor Griñán los informes de la Auditoría no le importaban nada" y ha mostrado su "total displicencia y pasividad" ante los mismos cuando en la comisión parlamentaria respondió que si al coche del vecino le falta líquido de frenos será el vecino el que tendrá que solucionar ese problema. En referencia a que era la Consejería de Empleo y no él, como consejero de Hacienda, quien debía acabar con un procedimiento inadecuado para la Intervención como era pagar con transferencias de financiación las ayudas sociolaborales, lo que había generado un déficit en el año 2005, por ejemplo, de 95 millones de euros. Así se ha expresado el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, imputado por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En su declaración como imputado ante la juez que investiga los ERE, cuya acta ha sido entregada este viernes a los abogados personados, Gómez Martínez dedicó doce preguntas de su defensor a criticar el papel del actual presidente de la Junta cuando era consejero de Hacienda

En el interrogatorio la jueza le pregunta por qué no se opuso a las modificaciones presupuestarias que había que hacer para "cebar sin descanso la corrupta partida de los ERES", como él la llama. Su respuesta ha sido que no tenía competencia para hacerlo, según la Ley de la Hacienda Pública. Y ha insistido en que no vio menoscabo de fondos públicos.

La magistrada le pregunta, también, si se puede entender que el Consejo de Gobierno estaba a favor de la transferencia de financiación para pagar ayudas socio laborales porque se aprobaron hasta 20 modificaciones presupuestarias entre el año 2005 y 2009 para ese fin, modificaciones informadas favorablemente por el imputado, y él responde que "desde esa óptica, se puede presumir que sí. Esas modificaciones presupuestarias fueron de 145 millones de euros.

Sobre el conocimiento que tuvo Griñán del caso, el exinterventor aseguró que es "impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y luego de 95 millones, provocado por un solo director general de Trabajo".

Se trataba de un hecho "notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta", según el exinterventor, quien en otro momento aseguró que solo el déficit de 95 millones causado por Empleo en el IFA "habría ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad".

A Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera de Hacienda y ahora titular del departamento, el interventor "consiguió transmitirle preocupación" en media docena de conversaciones que mantuvieron en el 2005, pero ese interés se produjo en el contexto del "impulso" y la "preocupación inicial" del gobierno que tomó posesión en el 2004, que llegó a arreglar uno de los "agujeros presupuestarios" aunque pasado el "primer momento" dejaron de hablar de ellos.

Mercedes Alaya vuelve a enfocar al diputado y exvicepresidente, Gaspar Zarrías. "¿Tuvo alguna participación el consejero de la Presidencia, Sr Zarrías?", a lo que el imputado responde que no lo sabe.

Mercedes Alaya le dice al exinterventor que en lugar de emitir un informe de actuación para que algún consejero competente pudiera elevarlo al Consejo de Gobierno, lo que emitió fue un informe adicional al de cumplimiento "para presuntamente no forzar a los responsables políticos a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia del conocimiento que los mismos tuvieran".