Imputadas 16 personas y empresas por manipular el PGOU de Valladolid

Aunque no figura el regidor vallisoletano, PSOE e Izquierda Unida solicitan la dimisión inmediata de Javier León de la Riva por su responsabilidad en la "trama" de corrupción urbanística. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javier Izquierdo, anunció la petición de un pleno extraordinario ante un hecho gravísimo, calificado como "atentado a la democracia"

La lista facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León incluye los siguientes nombres: Alvarez Aller, Mezquita Hervas, Luís Angel Lavín, Barca Sebastián, Astorga Ruiz; José Luís González Torres y Javier González Torres, Pastrana González y José Luís Mayordomo Martínez (anterior presidente del Club Baloncesto Valladolid).

Los delitos que imputa el juez de Instrucción número 1 de Valladolid son muy graves: contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios. Las empresas que presuntamente han cometido estos delitos son cuatro:Vallenava Capital, Progot Valladolid S.L., Capitol Promociones XXI S.L. y Parkosa S.L. ?

El auto establece que estas personas se pusieron de acuerdo con el concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, para obtener por vía del articulado y planos determinadas modificaciones solicitadas por las empresas.

EL ORIGEN DEL PROCESO

Todo comenzó en 2008 con la denuncia presentada en su momento por el Grupo Municipal Socialista, cuando era portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid, Soraya Rodríguez. Tras su marcha a Madrid, donde en la actualidad desempeña el puesto de portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, quienes continuaron aportando documentación fueron Oscar Puente y Javier Izquierdo. Sin embargo, el PSOE no pudo personarse como acusación particular porque el juzgado exigía una fianza de 20.000 euros.

Tanto el alcalde, Javier León de la Riva, como el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León , Antonio Silván, restaron importancia a esta denuncia al señalar que se trataba de "errores materiales". Pero este tipo de errores, no existen porque en muchos casos se trata de párrafos íntegros, cambiados. Además, ese concepto no está contemplado legalmente.

Y la entidad que sí ha continuado en la acusación popular es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid.

Los cambios permiten incrementos de edificabilidad, facilidades para descatalogar inmuebles protegidos y en la autorización para realizar intervenciones en edificios catalogados. Incluso se permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y la conversión de granjas agropecuarias en complejos residenciales.

Tres casos ilustran el alcance de la manipulación del PGOU, puesto que el documento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia era diferente al aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valladolid .

En la carretera de Madrid el pleno aprobó una promoción de 9 chalets adosados en las inmediaciones de Renault. La condición era que la parcela mínima debía tener 2.000 metros. Sin embargo, los promotores se encontraron con la posibilidad "legal" de construir sobre parcelas de 300 metros. El resultado era claramente favorable a la empresa: podían edificar 124 viviendas donde antes eran sólo 9 viviendas.

En la manzana del edificio de Cáritas, junto a la calle Simón Aranda, la manipulación ha permitido a la empresa una mayor edificabilidad y evitar trámites administrativos. Con los cambios se exime a los propietarios la obligación de ceder el 15 por ciento del suelo para espacios libres públicos y equipamientos. De este modo, se sortea también la obligatoriedad de que de las dos plazas de aparcamiento a construir por cada 100 metros edificables, el 25% estén en terrenos de uso y dominio público, es decir, en la calle.

Otros cambios permitieron a la sociedad Parkosa ejecutar un complejo residencial para personas mayores, con apartamentos tutelados en Arca Real, gracias a un cambio muy relevante en el artículo.