Otro exdirector de Presupuestos se acoge a su derecho a no declarar

Buenaventura Aguilera cuando llegó a la Dirección General de Presupuestos, según la jueza Mercedes Alaya, hizo unn cambio "meramente aparente", "quiso aparentar un cambio", en las partidas investigadas para seguir otorgando ayudas sin fiscalizar por la Intervención. Eso después de haber conocido como jefe del servicio de seguimiento presupuestario "el ilegal uso de la transferencia de financiación" para pagar lo que eran subvenciones a empresas. La magistrada le ha imputado los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Aguilera ha dicho que no declaraba cuando la jueza se ha negado a concederle media hora para que estudiara la relación detallada de hechos que ella le ha imputado. La magistrada ha explicado que "nada de lo que se le ha imputado es una novedad" y le ha advertido que debía conocer la causa.

Alaya le ha imputado que a los 45 días de tomar posesión, en el 2009, Aguilera emitió una instrucción "no publicada en ningún boletín informativo" y destinada a "aparentar un cambio".

El imputado, según la juez, "conocía las consecuencias a lo largo de la década de falta de control y de distorsión de la financiación que generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones".

De este modo, a partir de ese momento y para el presupuesto del 2010 "desaparecía la partida fraudulenta 440.51.31.L, siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios últimos de las subvenciones, por ejemplo empresas privadas o familias e instituciones sin fines de lucro".

"Pero fue un cambio meramente aparente porque el hoy inculpado no trasladaría, como le competía, este cambio trascendental de la concesión de subvenciones a la reunión de técnicos que tendría lugar con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto de 2010".

Por ello, la Consejería de Empleo "decidió continuar con el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las mismas", según el acta.

Pese a que Aguilera presuntamente conocía "las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria", poco después tramitó dos modificaciones presupuestarias en la que "la partida de destino era radicalmente inadecuada, incumpliendo los requisitos que le son exigibles como director general de presupuestos en la tramitación de tales modificaciones".

La primera fue en diciembre del 2009 por 300.000 euros y la segunda en noviembre del 2010 "por nada menos que 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno, significando ambas un aumento de las transferencias de financiación" a costa del crédito destinado para la concesión de subvenciones.

Señala Alaya que esta vía de "modificación presupuestaria de espaldas al presupuesto era la forma de volver cuando fuera necesario al uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones".

Aguilera, que ha sido imputado de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha denunciado entonces el "grave quebranto" de sus derechos, al haber sido imputado de "hechos largos y complejos que necesita leer y estudiar", por lo que se ha acogido a su derecho a no declarar después de que Alaya no le concediera una receso.

La juez le ha dicho que es en este momento cuando debe hacerle una "exposición exhaustiva y detallada" de los delitos, que además "se deducen de las actuaciones" que su defensor conoce.

El abogado de Aguilera, José María Mohedano, ha afirmado a los periodistas que su cliente declaró de manera extensa como testigo ante la Guardia Civil en agosto del 2012 y lo hizo "sin abogado y con obligación de decir la verdad", por lo que carecía de las garantías que ahora tiene como imputado.

Mohedano ha denunciado además que la Guardia Civil parece estar haciendo "una instrucción paralela" del caso.