Las adjudicatarias piden al juez que levante la suspensión de la privatización sanitaria

Tanto Sanitas como Hima San Pablo se han sumado al recurso de reposición que presentó la Comunidad de Madrid. En el caso de Ribera Salud han decidido presentar su propio recurso ante el TSJM. Quieren que el juez levante la suspensión cautelar y que permita las empresas poder gestionar los seis nuevos hospitales.

Las tres empresas adjudicatarias han dado un paso al frente, tanto Sanitas, como Ribera Salud e Hima San Pablo, quieren que el juez también conozca su versión, es decir, básicamente buscan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sepa "el daño que nos está provocando esta suspensión".

Por eso, se han personado en la causa como parte damnificada, y con un elemento común, "el perjuicio económico que nos está suponiendo este parón del proceso", apuntan a la Cadena SER desde Sanitas y Ribera Salud.

Sin embargo, ninguna de las tres compañías ha cuantificado a esa emisora qué estimación económica manejan. Pero no hay que obviar que ninguna ha llegado a empezar a gestionar aún los hospitales, con lo cual, el daño real es ínfimo, a diferencia de lo que habría ocurrido si esta suspensión hubiese llegado con las adjudicatarias gestionando ya los 6 hospitales. De ahí que las empresas admitan que sólo podrían reclamar los gastos propios de afrontar un concurso público.

En el caso de Ribera Salud han presentado un recurso ante el TSJM para que el juez levante la suspensión, reactive el proceso y permita a las concesionarias hacer su trabajo. La Cadena SER también ha contactado con Sanitas e Hima San Pablo, en su caso, los equipos jurídicos han decidido sumarse al recurso de reposición que ha presentado la Comunidad de Madrid, que asume que tendrán que recurrir al Tribunal Supremo si quieren levantar la suspensión del proceso.

Las compañías hablan de un daño económico, pero no hay que olvidar que por ahora, los dos juzgados que han paralizado este proceso - el Juzgado Número 4 de los Contencioso Administrativo y la sección tercera del TSJM- han rechazado los 65 millones de fianza que la Comunidad de Madrid reclamó a los recurrentes para paliar el daño ante una previsible suspensión cautelar.